Dividir a Uribia: ¿Solución para la Alta Guajira o Nuevo Conflicto para el Departamento?

Alta Guajira: Entre la Fragmentación Territorial y el Reconocimiento de los Derechos del Pueblo Wayuu

La propuesta que en días recientes el senador Alfredo Deluque Zuleta expresó en sus redes sociales de crear un nuevo municipio en el Departamento de La Guajira, a partir de la división político administrativa de Uribia y la Alta Guajira, ha desatado un intenso debate entre líderes sociales, dirigentes políticos, autoridades indígenas tradicionales y ciudadanía en general, que no solo aborda las implicaciones administrativas, sino también aspectos profundos sobre gobernanza, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la sostenibilidad del desarrollo de una región históricamente marginada. La idea de dividir el extenso territorio del municipio de Uribia se presenta como una solución para descentralizar la administración y atender con mayor eficacia las necesidades de una región compleja y diversa. Sin embargo, esta propuesta plantea interrogantes fundamentales sobre su viabilidad y su impacto real en las condiciones de vida del pueblo Wayuu asentado en este territorio ancestral.

Uribia, es el municipio más grande de Colombia con 8.200 kilómetros cuadrados y ocupa más de la tercera parte del departamento de La Guajira, es una de las zonas más desafiantes para administrar en términos de extensión territorial, dispersión poblacional y falta de infraestructura. Conocida como la capital indígena de Colombia, este municipio alberga una población mayoritariamente Wayuu, cuya economía está basada en actividades tradicionales como la ganadería caprina, la pesca artesanal, y el intercambio comercial gracias a su gran extensión fronteriza con Venezuela, en contraste con la explotación de energía eólica representada en 17 proyectos de esta categoría y de poseer el puerto por donde se exporta carbón más grande de Sudamérica, estas actividades, sumadas a la ausencia de inversión pública sostenida, no han sido suficientes para contrarrestar los elevados niveles de pobreza, la desnutrición infantil y la falta de acceso a servicios básicos, Uribia, lamentablemente, ostenta la tasa de pobreza multidimensional más alta de Colombia. Así las cosas, según el DANE, con base en el censo de 2018, el 92,2% de la población de Uribia se encuentra en situación de pobreza multidimensional.

El senador Deluque justifica su propuesta comparando la extensión de Uribia con la de otros territorios del país. Por ejemplo, menciona que el departamento del Atlántico, con solo 3.100 kilómetros cuadrados, tiene 23 municipios para administrar su territorio, mientras que Uribia, con un área más de dos veces mayor, cuenta con un solo ente municipal. Desde esta perspectiva, dividir el territorio parece una solución lógica para aliviar la sobrecarga administrativa. Sin embargo, este enfoque, aunque válido en términos comparativos, pasa por alto las especificidades sociales, culturales y económicas de la Alta Guajira, que la hacen muy diferente de otras regiones del país. 

Uribia: un territorio con desafíos únicos

La Alta Guajira no sólo enfrenta problemas de extensión territorial, sino también condiciones geográficas y climáticas extremas. Se trata de una región desértica, con escasas precipitaciones y una grave carencia de infraestructura vial, lo que dificulta el acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable. Estas condiciones hacen que el modelo tradicional de administración municipal sea especialmente inadecuada para gestionar un territorio tan complejo como el demarcado en Uribia.

Además, la organización social del pueblo Wayuu, basada en rancherías dispersas y en un sistema de gobierno propio, no se adapta fácilmente a las estructuras administrativas convencionales establecidas por el marco normativo del Estado colombiano. Los Wayuu tienen una visión del territorio que va más allá de lo físico; para ellos, es un espacio de identidad cultural, espiritualidad y relaciones comunitarias. Cualquier cambio en la estructura administrativa debe respetar y fortalecer estas dinámicas, en lugar de imponer modelos que puedan debilitarlas. 

Marco normativo y derechos indígenas

La propuesta de Deluque se enfrenta a un marco legal que regula la creación de municipios y que también protege los derechos colectivos de las comunidades indígenas. La Constitución Política de 1991, en sus artículos 329 y 330, reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y la posibilidad de conformar Entidades Territoriales Indígenas (ETI). Estas entidades están diseñadas para permitir que las comunidades indígenas ejerzan gobierno propio y administren sus recursos conforme a sus costumbres y cosmovisión. Sin embargo, hasta la fecha, el desarrollo normativo para la creación de las ETI ha sido limitado, lo que ha obstaculizado su implementación. Una interesante apuesta podría ser adelantar un proyecto de ley que resuelva esta ausencia se reglamentación y les permita a los indígenas organizar sus territorios en el contexto de la organización político-administrativa del Estado Colombiano.

Por otro lado, la creación de un nuevo municipio se encuentra regulado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley 1551 de 2012, que establecen requisitos tales como una población mínima, capacidad fiscal suficiente y la delimitación clara del territorio. En el caso de territorios indígenas como la Alta Guajira, cualquier reconfiguración territorial también debe someterse a consulta previa, según lo establece el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La consulta previa no solo es un requisito legal, sino también un mecanismo para garantizar que las comunidades afectadas participen activamente en la toma de decisiones. 

Argumentos a favor y en contra de la propuesta

Los defensores de la propuesta sostienen que dividir el territorio de Uribia permitiría una gestión más eficiente de los recursos y una atención más específica a las necesidades de la Alta Guajira. Argumentan que un nuevo municipio podría atraer inversiones, mejorar la infraestructura y garantizar un acceso más equitativo a los servicios básicos. Además, señalan que la descentralización administrativa fortalecería la autonomía local y visibilizaría las demandas de la región ante los niveles más altos de gobierno.

Sin embargo, los críticos advierten que la creación de un nuevo municipio no resolverá automáticamente los problemas estructurales de la Alta Guajira. Por el contrario, podría generar nuevos desafíos, como la fragmentación de los recursos fiscales y la duplicación de las limitaciones administrativas. Actualmente, Uribia depende en gran medida del Sistema General de Participaciones (SGP) para financiar su operación, ya que es un municipio de 4ta categoría. Dividir el territorio podría reducir los recursos disponibles para ambas entidades, afectando su capacidad para prestar servicios básicos. Además, existe el riesgo de que la nueva entidad nazca con los mismos problemas de conectividad, pobreza y exclusión que busca solucionar, y siendo catalogado como municipio de 4ta o 5ta categoría lo que afectaría de manera directa los recursos que la nación transfiere para atender las necesidades de la población en cuanto a inversión social. 

El impacto en los derechos colectivos del Pueblo Wayuu

Una de las mayores preocupaciones que me asiste de esta propuesta es su posible impacto en los derechos colectivos del pueblo Wayuu. La Alta Guajira está compuesta principalmente por resguardos indígenas reconocidos legalmente, la Resolución 015 de 1984 del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) constituyó el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, y la Resolución 028 de 1994 amplió su extensión. Estas resoluciones otorgan al pueblo wayuu derechos colectivos sobre sus territorios, incluyendo autonomía en aspectos administrativos y jurisdiccionales. lo que implica que cualquier cambio administrativo debe respetar la autonomía y el gobierno propio de este pueblo indígena. La creación de un municipio bajo un modelo convencional podría entrar en conflicto con las estructuras de gobernanza Wayuu, debilitando su capacidad de autogestión y poniendo en riesgo su integridad cultural. 

En este sentido, la consulta previa debe ser un eje central de este proceso. No se trata solo de cumplir un requisito legal, sino de garantizar que el pueblo Wayuu tengan un papel protagónico en la toma de decisiones. Sin una consulta genuina y participativa, esta propuesta podría ser percibida como una imposición externa que ignora las necesidades y aspiraciones de las comunidades.

El derecho al territorio es uno de los pilares fundamentales para los pueblos indígenas, ya que no solo se trata de un espacio físico, sino de un elemento esencial para su identidad cultural y su supervivencia como comunidades. La Alta Guajira no es solo un territorio; es un lugar donde la lengua Wayuunaiki, el matriarcado, el palabrero, el cementerio y las rancherías son parte del tejido social que define a los Wayuu. La creación de un municipio bajo un modelo convencional podría debilitar estas estructuras, imponiendo formas de gobernanza que no responden a las realidades de nuestro pueblo indígena. Además, la Corte Constitucional ha señalado en múltiples sentencias, como la T-302 de 2017, la obligación del Estado de garantizar la integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas, priorizando su autonomía y derechos colectivos.

Si bien es cierto el sueño de los wayuu de la zona norte extrema o alta guajira es convertirse en un territorio autónomo, no debe confundirse este anhelo con el camino legal o procedimental que se elija para lograrlo, pues constituirse como municipio a través de un proceso de segregación político administrativa en el marco de la ley 1552 del 2012 es alejarse de la lucha del movimiento indígena que hace más de 20 años reclama una reglamentación que les permita la constitución de las ETI Entidades Territoriales Indígenas en el marco de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas donde se respete y priorice su cosmogonía, sistema político, autonomía, gobierno propio, lengua y cultura. 

Lecciones desde la Asamblea Departamental

Durante mi tiempo como diputada en la Asamblea Departamental de La Guajira, tuve la oportunidad de participar en debates y decisiones que impactaron directamente la vida de las comunidades. Esa experiencia me permitió comprender que las soluciones administrativas no pueden ser diseñadas desde una perspectiva centralista o uniforme. Cada territorio tiene su propia dinámica, y en el caso de la Alta Guajira, cualquier propuesta debe estar profundamente arraigada en el respeto por la autonomía indígena y la realidad cultural del pueblo Wayuu.

En la Asamblea, también fui testigo de cómo las decisiones mal fundamentadas pueden perpetuar las desigualdades en lugar de resolverlas. Por ello, insisto en que cualquier medida que afecte a la Alta Guajira debe basarse en un análisis integral que considere no sólo las capacidades técnicas y fiscales, sino también las particularidades culturales, sociales y geográficas de la región, pero que ante todo respete y valide el derecho del pueblo wayuu representado en sus figuras de gobierno propio de decidir el futuro de su territorio ancestral. 

Un llamado a la acción: Soluciones integrales para la Alta Guajira

La propuesta de crear un nuevo municipio en la Alta Guajira nos obliga a reflexionar sobre las deudas históricas que el Estado colombiano tiene con esta región y su población. Aunque es evidente que el modelo actual de gobernanza es inadecuado, la fragmentación territorial no es una solución automática. Por el contrario, podría perpetuar las desigualdades y generar tensiones adicionales si no se implementa con una planificación adecuada.

Este debate que nos plantea nuestro Senador Guajiro representa una oportunidad para replantear el modelo de gobernanza en la Alta Guajira y construir un futuro más justo y equitativo para sus pobladores. Insto a quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, tanto en el ámbito nacional como departamental, a considerar alternativas más sostenibles, como la creación de Entidades Territoriales Indígenas o la implementación de planes de desarrollo integrales diseñados en conjunto con el pueblo Wayuu. Estas soluciones no solo respetarán los derechos colectivos, sino que también permitirían una gestión más eficiente y efectiva del territorio. La Alta Guajira a priori no necesitaría más divisiones, sino un enfoque que combine el respeto por la autonomía indígena, la inclusión social y el desarrollo sostenible. Este es el momento de escuchar las voces de las comunidades, de las autoridades indígenas tradicionales, de reconocer su riqueza cultural y de actuar con responsabilidad para garantizar un futuro en el que la diversidad y el progreso coexistan en armonía. Solo así podremos saldar las deudas históricas con esta región y construir una Guajira donde todos tengan las mismas oportunidades para prosperar. 

Este es un tema del que se viene hablando hace mucho tiempo en La Guajira y que hoy se desempolva por parte de uno de nuestros más importantes líderes políticos, pero que más allá de satanizar la iniciativa valiente de proponerlo o ponerlo sobre la mesa, nos debe invitar a generar los espacios de diálogo con la comunidad, la academia, y en general con todos los interesados, para así juntos construir desde los argumentos la mejor propuesta para Uribia, los uribieros y el pueblo wayuu.