En esta columna analizo el conflicto estructural de interlocución entre el Estado colombiano y el pueblo Wayuu, a partir de los Autos 696, 1290 y 1743 de la Corte Constitucional. Más que una queja institucional, es un llamado urgente a construir un mecanismo legítimo de participación que respete la organización Wayuu y no repita las lógicas coloniales del sistema político colombiano.   En los corredores del Ministerio del Interior, en los comités de articulación, en las mesas de cooperación internacional, en las mesas técnicas o de seguimiento e incluso en algunos cafés del activismo centralista y capitalino, hay una queja recurrente: “El problema con los Wayuu es que tienen demasiadas autoridades y no se sabe con quién hay que hablar” . La frase se lanza con tono de exasperación, como si la diversidad de voces fuera una falla administrativa, un obstáculo técnico o una complicación innecesaria para la acción estatal.   Lo que esa frase revela —más allá del desconocimiento—...