LA VERDAD DETRÁS DEL COLAPSO DE LA SALUD EN COLOMBIA: POR QUÉ NO MEJORA Y QUIÉN NOS ESTÁ MINTIENDO

El precio de salvar a mi mamá: una vida dividida por la geografía del sistema

A veces, salvar a alguien que amas te arranca de plano la posibilidad de vivir con ella. Eso aprendí cuando mi madre, María Rosa Montoya, fue diagnosticada hace ocho años con enfermedad renal crónica y una condición cardíaca que requería cirugía urgente. Coomeva EPS ordenó su traslado a Medellín. Allí duró cuatro meses en una UCI, permaneció dos años enteros en esa ciudad sin volver a casa. Y nuestra familia, desde entonces, no volvió a ser la misma. Nos tocó dividirnos. Irnos por turnos. Instalar una segunda vida en una ciudad que no era la nuestra. Pagar hoteles, transporte, alimentación. Estar lejos del trabajo, de los hijos, de todo. Tuvimos suerte: teníamos con qué. Pero, ¿y quienes no tienen los recursos cómo resuelven?

Hoy mi madre vive en Valledupar, más cerca de Maicao, pero todavía lejos de sus nietos. Sus tratamientos son continuos, y los gastos que no cubre el plan obligatorio de salud también lo son y que el sistema ignora: medicamentos no cubiertos, transporte para visitas, alimentación en una ciudad con un costo de vida más elevado, el salario de una cuidadora adicional, suplementos, exámenes especializados, hasta el transporte para chequeos entre otros. Lo emocional, sin embargo, nadie lo cubre: ni la soledad, ni el miedo, ni la imposibilidad de abrazar a diario. Nos debatimos entre trabajar para pagar su cuidado, o acompañarla a vivir su vejez con dignidad. Yo sufro la culpa de no estar, pero sé que ella sufre más el no poder compartir sus días con sus hijos y nietos. Pero, ¿y quiénes no los tienen? ¿Las familias wayuu que venden sus chivos para pagar un bus a Barranquilla o Valledupar, solo para esperar una autorización que nunca llega?

En Maicao ya hay dos unidades de diálisis operando en condiciones óptimas, según el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud, 2025b), pero siguen faltando especialistas, equipos avanzados y garantías para manejar comorbilidades como las de mamá. Su caso, incluso con recursos, es uno entre cientos de miles: Personas obligadas a migrar para acceder a servicios de salud, fragmentando familias y comunidades. Y si eso nos pasa a nosotros, ¿qué ocurre con un indígena Wayúu remitido fuera de su territorio?. En nuestra cultura, salir de la ranchería es "salir a sufrir". Muchos no hablan español fluido, no tienen cómo pagar un pasaje ni manutención para un acompañante. He visto personas durmiendo en salas de espera o en bordillos de las clínicas privadas en Barranquilla, Valledupar o Santa marta y eso por mencionar ciudades relativamente cercanas, y esto pasa porque el sistema de salud como se encuentra concebido los expulsa de su tierra para "garantizar atenderlos". Yo misma he ayudado en colectas para pasajes, en rifas para solventar tratamientos, he acompañado remisiones de urgencia sin intérprete, ni guía bilingüe. A mí nadie me lo contó; yo lo he vivido, y lo he sufrido con la gente que me llama o me escribe a pedirme ayuda.

Por eso afirmo: El sistema de salud en Colombia no está humanizado; está monetizado. Diseñado para curar enfermos, no para prevenir enfermedades; proteccionista de grandes capitales a costa de la pobreza estructural de la gente. ¿Cómo se explica que haya más dinero en el sistema —giros récord de $87,895 billones en 2024 (CGR, 2025)— pero menos vidas salvadas, más familias rotas y un sufrimiento que no cabe en un PowerPoint del Congreso?

 

Más plata, más muertos: los números que desmienten el discurso oficial 

Los datos no mienten. Pero el sistema sí.

En teoría, Colombia nunca había invertido tanto dinero en salud como ahora. Entre 2020 y 2024, el gasto anual en aseguramiento creció un 31,4 %, pasando de $60,2 billones a más de $79,1 billones en 2024, impulsado por el giro directo y el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), según el Informe de la Contraloría General de la República (2025). En el papel, la cobertura roza el 99 % y el país se presenta ante organismos internacionales como un modelo de aseguramiento exitoso.

Pero esa narrativa se desploma cuando se confronta con los indicadores de vida o muerte. El mismo informe revela que las EPS deben $32,9 billones a clínicas, hospitales, IPS y proveedores, lo que ha puesto en riesgo la operación de más de 500 instituciones prestadoras. Mientras tanto, las tasas de tutelas por servicios de salud, lejos de disminuir, aumentaron un 12 % entre 2023 y 2024, siendo las más altas en departamentos con mayor pobreza multidimensional, como La Guajira, Chocó, Vaupés y Vichada (Defensoría del Pueblo, 2025).

En La Guajira, según datos de la Federación Médica Colombiana (2025), hay menos de 0,5 médicos por cada 1.000 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 2,5. La cobertura formal puede ser casi universal, pero el acceso real es una ruleta: si tienes una enfermedad crónica, vives en zona rural, hablas wayuunaiki o careces de recursos para trasladarte a una ciudad intermedia, tus posibilidades de recibir atención médica especializada oportuna caen drásticamente.

Y no se trata de percepciones: se trata de muertes evitables. En 2024, la desnutrición infantil cobró la vida de 259 niños y niñas indígenas menores de cinco años, según el Instituto Nacional de Salud (2025). El 70 % de esos casos se concentraron en La Guajira. La mayoría estaban afiliados al sistema de salud. Pero no hubo atención oportuna. No hubo seguimiento nutricional. No hubo transporte garantizado. No hubo garantías a la vida, y la mayoría de las veces no por fallas en las IPS, sino por la insuficiencia del recurso, el impacto de los determinantes sociales, y los bloqueos administrativos a prestadores que en vez de estimular la operación eficiente del sistema, ralentiza todo.

El sistema sigue girando recursos a tiempo, pero la atención llega tarde, mal o nunca. La Resolución 2718 de 2024 del Ministerio de Salud, que crea un modelo preventivo-predictivo, no ha logrado implementación real en los territorios rurales e indígenas, donde aún impera la lógica de la urgencia médica y no de la anticipación integral (MinSalud, 2025).

A esto se suma el deterioro progresivo de la red pública hospitalaria. Entre 2015 y 2025, más de 125 hospitales de baja complejidad han cerrado o reducido servicios en zonas rurales, muchos de ellos en manos de gobernaciones capturadas por élites políticas o redes clientelares que ven en la salud un botín y no una obligación ética (Transparencia por Colombia, 2024).

Los indicadores de esperanza de vida han comenzado a estancarse. Las tasas de enfermedades crónicas no transmisibles —como hipertensión, diabetes y cáncer— han crecido un 9,6 % en promedio nacional en los últimos tres años, pero en las regiones excluidas superan el 17 % sin una red resolutiva adecuada (OMS, 2025; PAHO, 2025).

En síntesis, el sistema colombiano de salud vive una de sus mayores contradicciones: cuenta con más recursos que nunca, pero produce más exclusión, más fragmentación y más muerte prevenible que en años anteriores. No es una crisis por falta de plata, sino por mal diseño institucional, captura política y ausencia de controles reales. Y mientras tanto, se sigue diciendo que “la cobertura está garantizada”, como si tener un carné fuese sinónimo de tener acceso a la atención médica.

 

Una salud secuestrada: 30 años de captura política, corrupción y lobby invisible 

Cuando hablamos de un sistema de salud en crisis, muchas veces el debate se reduce a los modelos financieros: que si el aseguramiento, que si el giro directo, que si el sistema mixto o estatal. Pero esa es apenas la superficie. La verdadera enfermedad del sistema colombiano es más profunda: la captura institucional prolongada y sistémico por actores que se han beneficiado durante tres décadas del dolor ajeno.

Desde la creación del SGSSS con la Ley 100 de 1993, se montó una estructura con lenguaje técnico y apariencia moderna, pero que en la práctica ha operado como un dispositivo de intermediación político-empresarial. La arquitectura del sistema permite que los recursos —públicos y crecientes— pasen por manos privadas que tienen poca o nula supervisión real, salvo en los momentos de escándalo.

La Superintendencia Nacional de Salud, el ADRES y el INVIMA, tres entidades clave para garantizar vigilancia, flujo de recursos y control de medicamentos, han sido objeto de cooptación técnica y nombramientos por cuotas políticas durante años. No es casual que muchas EPS hayan operado sin consecuencias o control durante décadas, incluso con indicadores de siniestralidad, quejas ciudadanas y balances financieros negativos.

De hecho, como lo alertó Transparencia por Colombia (2024), el sector salud figura entre los más vulnerables a la corrupción estructural. Redes clientelistas, contratos direccionados, facturación cruzada y uso político de hospitales públicos son prácticas normalizadas en múltiples regiones del país. El sistema no solo ha sido intermediado: ha sido instrumentalizado por una enfermedad llamada CULTURA DE LA CORRUPCIÓN..

En este contexto, hablar de “modelo mixto” resulta eufemístico. Lo que existe es una red de poder entre aseguradoras privadas, clínicas del sector privado (Que la mayoría de las veces hacen parte de un sistema de integración vertical donde EPS e IPS son del mismo dueño) y actores políticos locales, que negocian cuotas, designaciones, contratos de tecnología, y hasta la prestación del servicio en zonas vulnerables. Todo esto con recursos que provienen del gasto público en salud, que ya supera el 7% del PIB nacional (MinHacienda, 2025).

Y cuando el Estado ha intentado intervenir, los intereses logran frenar o distorsionar los procesos. La más reciente evidencia: las dos versiones de la reforma a la salud del gobierno Petro, una archivada en el Congreso en 2024 (La República, 2024), y otra congelada desde comienzos de 2025 (Infobae, 2025). Ambas fueron propuestas que, más allá de los aciertos o errores en su diseño, tocaron fibras sensibles de este ecosistema de poder.

La primera versión de la reforma —presentada en 2023— fue demonizada desde el principio, no solo por sus críticas al aseguramiento privado, sino porque proponía una transición a gestoras públicas y la reconfiguración territorial del sistema. Fue un proyecto ambicioso, sí, pero también mal narrado políticamente y presentado sin una estrategia de negociación seria con los bloques congresionales y territoriales. Terminó enterrado por los mismos partidos que integraban la coalición de gobierno, contradiciendo lo que ellos mismos habían aprobado en el Plan de Desarrollo Nacional: Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026.

La segunda versión, más técnica y menos disruptiva, aún duerme en el Congreso. Pero el problema no es solo legislativo. El bloqueo no es jurídico, es estructural y político. Porque transformar el sistema de salud implica desafiar poderes económicos que han logrado normalizar su control sobre recursos públicos. Cualquier intento de cambio real genera una reacción inmediata del lobby silencioso: editoriales de prensa, presión sobre congresistas, campañas de miedo, caos, y, si es necesario, desinformación masiva.

La salud en Colombia no está en manos del pueblo, ni siquiera del Estado. Está en manos de estructuras privadas que saben jugar el ajedrez institucional y financiero, y que han desarrollado mecanismos de blindaje frente a reformas profundas. Por eso el problema no es solo el modelo: es quién lo controla, quién lucra con él, y quién impide que cambie. 

Esta captura institucional tiene efectos directos: se traduce en remisiones eternas, en tratamientos negados, en médicos sobrecargados, en hospitales públicos sin insumos, y en vidas perdidas. No por falta de recursos, sino por una cadena de decisiones administrativas, económicas y políticas que priorizan el sostenimiento del esquema sobre la vida humana.

Y aquí es donde el sistema muestra su verdadera cara: el sufrimiento es externalidad, la inequidad es costo asumido, y la muerte evitable es estadística. Mientras no se rompa esa lógica, seguirán matando con formularios, excusas, y tiempos de espera.

 

¿Qué proponía Petro y por qué fracasó la reforma?

La reforma que nació vieja: los aciertos, errores y traiciones del proyecto Petro
 

Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en 2022, una de sus banderas centrales fue transformar el sistema de salud colombiano. Denunció sin ambigüedades el modelo instaurado por la Ley 100 de 1993 como un esquema de intermediación financiera que convertía la enfermedad en negocio. Su promesa fue clara: desmontar progresivamente la figura de las EPS como gestoras del aseguramiento y construir un sistema basado en la prevención, el control estatal directo de recursos y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria.

El Proyecto de Ley 339 de 2023, radicado en el Congreso en febrero de ese año, representó ese intento: eliminación gradual de la intermediación financiera de las EPS, giro directo de recursos desde la ADRES con auditorías previas, y transición hacia un modelo de Atención Primaria en Salud (APS) territorializada, con enfoque diferencial étnico, rural y comunitario (MinSalud, 2023). También planteaba la unificación de los regímenes subsidiado y contributivo, en línea con los fallos de la Corte Constitucional como la Sentencia T-760 de 2008. 

La propuesta incluía incentivos para retener talento humano en zonas apartadas (+20% en salarios, FMC, 2025) y una inversión pública proyectada de $10 billones en infraestructura hospitalaria. Una reforma, en el papel, ambiciosa, progresiva y estructural. 

Y aunque el proyecto legislativo fue archivado en abril de 2024 tras votación negativa en la Comisión Séptima del Senado (9-5), algunos de sus componentes sí se implementaron por vía administrativa. La Resolución 2718 de 2024, por ejemplo, puso en marcha un modelo preventivo y predictivo que ha desplegado más de 10.000 equipos APS extramurales, alcanzando más de 370.000 hogares en territorios PDET (MinSalud, 2024). Adicionalmente, el gobierno asignó $1,7 billones para infraestructura pública de salud en 2025, y decretos posteriores permitieron mejorar auditorías de ADRES y reducir el tiempo de respuesta en casos críticos (MinSalud, 2025).

Sin embargo, los avances técnicos no bastaron para sostener políticamente el proyecto. La reforma fracasó no solo por la fuerza de sus enemigos, sino por los errores propios de su narrativa, su diseño político y su estrategia institucional. 

La retórica confrontacional del presidente —quien presentó la reforma como una lucha épica contra el “robo sistemático” de las EPS— terminó aislando sectores moderados, académicos, técnicos e incluso parte de su propia coalición. Las encuestas reflejaron esa desconfianza: un 55% de los ciudadanos la percibía como una “estatización sin garantías” (El País, 2025). Al mismo tiempo, las alianzas tácticas se diluyeron: los partidos tradicionales se alejaron, los apoyos regionales se fracturaron y el gobierno no logró consolidar una mayoría estable en el Congreso.

En paralelo, la oposición mediática y empresarial fue feroz. Campañas de desinformación, miedo al colapso de servicios, y cuestionamientos sobre el “modelo cubano” o “venezolano” llenaron los noticieros. Se omitía que el nuevo modelo no proponía eliminar completamente las EPS, sino redefinirlas como gestoras sin manejo directo de recursos. Pero en la guerra de percepciones, los matices rara vez sobreviven.

Las críticas técnicas legítimas tampoco fueron atendidas oportunamente: la reforma no explicó con claridad cómo se haría la transición institucional sin poner en riesgo la continuidad de tratamientos para pacientes crónicos o de alto costo. Tampoco se diseñó un plan financiero robusto para absorber las funciones de las EPS, ni se dotó a la ADRES de los $10 billones de buffer necesarios para sostener una operación nacional inmediata (ConsultorSalud, 2025). A esto se sumaron preocupaciones válidas sobre corrupción estatal: ¿Quién garantizaría que, al eliminar a los privados, el Estado no replicaría las mismas prácticas, ¿ahora sin vigilancia externa?

Y luego llegaron las traiciones institucionales. El Congreso, permeado por el lobby silencioso del sector salud, hundió la reforma en Comisión Séptima pese a su aprobación previa en la Cámara (95-25). Empresas como Keralty y Sura fueron mencionadas por Transparencia por Colombia (2024) por sus vínculos con ponentes clave. El mismo presidente del Senado, Iván Name, calificó la propuesta como “radical e inviable”, marcando distancia incluso desde sectores supuestamente afines.

Algunos fallos judiciales también jugaron su parte. La Corte Constitucional, en decisiones como la T-226 de 2025, ordenó revertir intervenciones a EPS por errores de procedimiento, reforzando una narrativa de debilidad estatal frente a operadores privados. El resultado fue el mismo: las EPS siguieron en el sistema, las reformas quedaron archivadas, y los ciudadanos volvimos a las tutelas y a las colectas para salvar a nuestros familiares. 

Como ciudadana que ha vivido en carne propia las fracturas de este modelo, y que acompaña desde el territorio el drama de familias wayuu fragmentadas por traslados médicos obligados, no puedo dejar de preguntarme si el fracaso de la reforma fue técnico, político o ético. Porque una cosa es que un proyecto tenga fallas —todas las reformas las tienen— y otra es que el país haya decidido no intentarlo siquiera, resignándose al colapso anunciado.

En perspectiva, la propuesta de Petro acertó en el diagnóstico, apuntó a las raíces del problema (captura de recursos, gasto curativo, segmentación por nivel de ingreso), pero falló en la forma de contarlo, en los tiempos de ejecución y en la construcción de confianza pública. Hoy, cualquier intento serio de reforma debe recoger esos aprendizajes: articular una estrategia híbrida, con participación social real, transición técnica segura y un enfoque territorial que no reproduzca la misma centralización disfrazada de cambio.

En La Guajira, donde la espera de un paciente por una ambulancia o el viaje de una madre para vivir cerca de una máquina de diálisis son escenas cotidianas, una reforma que no nace desde el territorio, está condenada a envejecer antes de nacer.

 

Prometer salud en campaña: la vacuna populista favorita de los presidenciables

En cada ciclo electoral, la salud vuelve al centro del discurso político como una promesa inevitable. Todos juran curar el sistema, garantizar atención digna y acabar con los abusos de las EPS. Pero quienes trabajamos en territorio sabemos que la salud no mejora con slogans, y que muchas veces las comunidades siguen esperando una ambulancia mientras en Bogotá se debaten reformas entre columnas de opinión, audiencias públicas y cálculos de campaña.

Hoy, en pleno 2025, el sistema sigue colapsado: las EPS deben $32,9 billones (CGR, 2025), la cobertura en talento humano en zonas rurales como La Guajira está por debajo de 0,5 médicos por cada 1.000 habitantes (FMC, 2025), y el 70% del gasto sigue dirigido a enfermedades no transmisibles de alto costo, sin políticas efectivas de prevención (OMS, 2025a).

Los precandidatos ya han empezado a marcar sus líneas. A continuación, se presenta un análisis crítico y comparado de sus principales propuestas en salud, contrastando no solo lo que dicen, sino lo que ignoran: medidas de transición técnica, enfoque territorial y mecanismos para romper con la captura institucional.

Análisis de Propuestas para el sector Salud de algunos Precandidatos Presidenciales:

Precandidato/a	Modelo propuesto	Principales medidas	Debilidades o riesgos
Vicky Dávila (12.7%)	Modelo mixto con “mano dura” anticorrupción.	- Gobierno 4x4 en salud- Eliminación de impuestos a ultraprocesados- Sanciones ejemplares a EPS- Acceso a medicamentos como derecho garantizado	- Sin estructura fiscal clara- No menciona transición técnica- No ataca lobby ni plantea red pública territorial
Gustavo Bolívar (10.5%)	Reforma estructural basada en APS y fin progresivo de EPS.	- 10.000 equipos APS- Giros directos desde ADRES- Inversión directa en red pública- Control de lobby EPS	- Necesita mayoría legislativa- Riesgo operativo en ADRES sin transición robusta- No todos los decretos han tenido efecto sistémico
Miguel Uribe (13.8%)	Defensa del modelo mixto con “mejor gestión”.	- Certificación por excelencia EPS- Plataformas de gestión inteligente- Continuidad con ajustes	- Ignora brechas estructurales territoriales- No aborda deuda EPS- Evade discusión sobre captura institucional
Sergio Fajardo (8.7%)	Ajustes graduales con enfoque en calidad y confianza institucional.	- Dignificación del THS- Fortalecer APS- Contratación directa en zonas rurales	- Propuestas vagas en transición y financiamiento- No menciona mecanismos contra lobby- No tiene enfoque étnico ni territorial claro
Alejandro Gaviria	Pagador único, sin desmontar EPS.	- ADRES con mayor control- Estudios técnicos de costos- Acuerdo con actores del sistema	- Ignora captura institucional- Evade responsabilidad política en la crisis- Débil frente a lobby EPS
Carolina Corcho	Sistema público-preventivo con participación comunitaria.	- Red pública nacional- Centros APS por territorio- Promotores y parteras comunitarias- Eliminación de EPS como aseguradoras	- Requiere transición técnica más clara- Aún no presenta cifras proyectadas- Enfrenta oposición fuerte de sectores privados y legislativos
María José Pizarro	Consulta popular nacional para decidir el rumbo del sistema.	- Diálogo nacional- Consolidación de coalición para reforma estructural- Agenda con enfoque de paz y salud territorial	- Vaga en propuestas técnicas- Débil en presupuestos y fases de implementación- No plantea ruta anticorrupción en salud
Daniel Quintero	“Reseteo” del sistema: enfoque en tecnología y digitalización.	- Historia clínica interoperable- Telesalud- Plataformas de prevención inteligente	- Sin base estructural ni modelo de financiamiento- No incluye enfoque rural ni diferencial- Evita mencionar a las EPS ni su rol en la crisis

 

Las encuestas pueden fluctuar, pero la superficialidad estructural en los discursos se repite. Dávila lidera con una propuesta que confunde autoridad con transformación, y aunque conecta con una audiencia harta de la corrupción, no ofrece garantías técnicas ni institucionales para enfrentar el colapso del sistema. Uribe y Gaviria defienden un continuismo moderado que no enfrenta la crisis de fondo, mientras Quintero apuesta por la tecnología sin un cimiento sanitario real.

De los ocho precandidatos analizados, solo tres —Bolívar, Pizarro y Corcho— reconocen con claridad que el problema no es solo técnico, sino estructural, político y ético. Los demás proponen fórmulas superficiales, tecnocráticas o continuistas que ignoran las raíces del colapso: la intermediación financiera, la captura institucional y el desmantelamiento histórico de lo público.

Casi todos repiten el cliché de “fortalecer la salud”, pero ninguno ha presentado aún una ruta real de transición, con cifras, fases, riesgos y blindajes anticorrupción. Solo Pizarro y Miranda mencionan mecanismos de control ciudadano y territorialización. La salud, como siempre, sigue siendo terreno fértil para promesas fáciles. Pero en departamentos como La Guajira, donde una cita médica puede costar 12 horas de viaje y una colecta comunitaria, las promesas sin ruta equivalen a traición.

La conclusión no es sencilla, pero sí necesaria: la salud en Colombia no necesita más promesas, sino voluntad política para enfrentar los intereses que la secuestraron. Hasta que no se presenten propuestas con respaldo técnico, viabilidad fiscal, y una transición creíble desde el modelo actual hacia un sistema público-preventivo, todo lo que se diga en campaña será solo otra vacuna populista con efecto efímero y superficial.

 

Cinco claves para una reforma estructural con legitimidad social

“No se trata solo de salud: se trata de recuperar la confianza en el Estado”

Si algo me ha enseñado el estudio sobre las causas de la crisis de la salud en La Guajira, es que la gente no pierde la fe en el sistema de salud: pierde la fe en el Estado. Cuando se promete cobertura y llega negación, cuando se habla de dignidad, pero se remite a cientos de kilómetros a una clínica u hospital que discrimina, lo que muere no es solo el cuerpo. Muere la credibilidad y se rompe la confianza. Por eso, una reforma seria no puede limitarse a mover recursos o firmar decretos desde Bogotá. Tiene que reconstruir la legitimidad desde las bases. Estas son, a mi juicio como ciudadana, cinco claves indispensables:

1. Fin de la intermediación rentista: transición de EPS a gestoras sin captura

El núcleo del colapso actual es la figura de las EPS como aseguradoras con fines de lucro. Con márgenes operativos del 8–10%, las EPS han acumulado rentas estimadas entre $7 y $9 billones anuales (CGR, 2025), desviando recursos públicos a intereses privados. La salida no es improvisar su eliminación, sino realizar una transición estructurada hacia gestoras administrativas sin poder financiero, con límite del 5% de la UPC para operación, giro directo auditado por ADRES (Resolución 2367 de 2023), y controles técnicos territoriales. 

📌 Datos clave:

·        Deudas acumuladas EPS: $32,9 billones (CGR, 2025).

·        Anticipos a Nueva EPS sin trazabilidad: $3,88 billones (CGR, 2025).

·        En Guajira, una remisión cuesta entre $2 y $5 millones por caso. Giros directos locales reducirían demoras en 30% (PNUD, 2025).

·        Tesis compartida por CLACSO (2025): sin desmonte del rentismo, el sistema seguirá monetizando la enfermedad.

 

2. Infraestructura pública con control social: blindaje anticorrupción

La crisis no es solo financiera: es estructural. El 40% de los directores de hospitales públicos en 15 departamentos son cuotas políticas (Transparencia por Colombia, 2024). La inversión en infraestructura sin blindaje ciudadano termina alimentando el clientelismo. Se requieren $10 billones de inversión en red pública (MinSalud, 2025d), acompañados de veedurías ciudadanas obligatorias (Ley Estatutaria de Salud, art. 11), cláusulas anticorrupción, trazabilidad digital y auditorías independientes. 

📌 Datos clave:

·        522 procesos fiscales abiertos por corrupción en salud suman $11 billones sin condenas firmes (CGR, 2025).

·        En Chocó y Guajira, veedurías étnicas podrían blindar procesos y garantizar >70% cobertura APS rural (PAHO, 2025).

·        Hospitales como el de Maicao colapsan no por falta de médicos, sino por captura institucional y desvío de recursos.

 

3. Talento humano bien pago y distribuido: incentivos fiscales y rurales

Un sistema de salud sin profesionales en el territorio es una ficción. En La Guajira hay menos de 0.5 especialistas por cada 1.000 habitantes (FMC, 2025), lo que genera remisiones masivas (+50%) y muertes evitables. La solución no es un llamado vocacional, sino un plan integral de dignificación del talento humano en salud con:

·        Salarios +20% en zonas rurales,

·        Exención de renta por 5 años (MinSalud, 2025e),

·        Ampliación del 50% en plazas de posgrado (Ley 1917 de 2018),

·        Convalidaciones aceleradas (<60 días, MinEducación, 2025),

·        Programas interculturales (médicos wayuu en gerontología, obstetricia, salud mental). 

📌 Dato clave: El déficit nacional es de 14.200 médicos, pero la distribución es más grave: el 85% está en zonas urbanas (FMC, 2025). La reforma debe financiar permanencia, no solo formación.

4. Modelo preventivo/predictivo con tecnología, autocuidado y corresponsabilidad

Colombia gasta el 70% de sus recursos en enfermedades crónicas no transmisibles avanzadas (OMS, 2025), lo que revela un modelo reactivo, curativo y costoso. La clave es invertir en prevención con base tecnológica, como lo establece la Resolución 2718 de 2024:

·        Implementar inteligencia artificial para detección de riesgos,

·        Obligación de autocuidado (ej. chequeos regulares como condición para subsidios, como en el SUS de Brasil),

·        Aplicaciones en lenguas indígenas para fortalecer APS rural,

·        Fortalecer equipos extramurales con enfoque comunitario. 

📌 Impacto estimado: Reducción de desnutrición infantil en 50% en Guajira con apps de IA adaptadas (PAHO, 2025).

📌 Impacto fiscal: Reducción de la siniestralidad del 110.1% en aseguradoras (CGR, 2025).

 

Participación vinculante ciudadana y étnica: no más diseño desde Bogotá

Un sistema que ignora el territorio es un sistema condenado. El 87% de los diseños de reforma en salud han sido centralizados, sin presencia vinculante de regiones ni comunidades étnicas (Defensoría del Pueblo, 2025). El cambio real exige que las reformas se construyan desde el territorio hacia el centro, no al revés.

📌 Claves jurídicas: La Ley 1751 de 2015 permite la participación comunitaria en todos los niveles del sistema.

📌 Claves técnicas: Consejos territoriales de salud, veedurías étnicas, comités de planeación, inclusión y fortalecimiento de la operación de IPS Indígenas, así como la evaluación con poder vinculante.

📌 Claves territoriales: En Guajira, el co-diseño de APS por estructuras propias de salud fundadas por autoridades indígenas reduciría brechas en 30% (PNUD, 2025).

 

El paciente no es el sistema. Somos nosotros

Volvamos al rostro de María Rosa Montoya, mi mamá. Una Mujer luchadora, resiliente, diagnosticada con enfermedad renal crónica hace ocho años. Tres veces por semana recibe tratamiento de diálisis, y se encuentra con otros pacientes que viajan desde Maicao, y diferentes municipios del sur del departamento a Valledupar. Ella ha tenido lo que llaman “suerte”: redes de apoyo, recursos mínimos para el transporte, y acompañamiento. Pero en el territorio esto no es lo común, es la excepción.

He conocido a decenas de familias indígenas que enfrentan no solo enfermedades, sino un sistema de salud hostil, lento, burocrático, ajeno a sus realidades y cultura. He visto madres durmiendo afuera de clínicas privadas en Barranquilla y Santa Marta. He acompañado ayudado a pacientes remitidos a Bogotá sin hablan bien el español, otros que no saber leer, pero todos con familiares acompañantes sin dinero para comer o dormir. He recibido mensajes de familias wayuu que prefieren “no irse a sufrir” y deciden preparar el tránsito espiritual en sus rancherías antes que morir solos en un hospital y que su espíritu se pierda y no encuentre el camino de regreso a su territorio ancestral. La salud, en estos contextos, no es un derecho: es una odisea. 

Y lo más grave es que esto le puede pasar a cualquiera: a la campesina de Chocó con hipertensión, al obrero de Córdoba con diabetes, al niño de Tumaco que espera una cirugía de corazón. Pero lo sufren más quienes no tienen recursos ni influencia. No es lo mismo enfermarse siendo empresario o político con acceso VIP en clínicas de Bogotá, que siendo un ciudadano común esperando meses por una autorización que podría salvarle la vida. Esa brecha es estructural, no clínica.

La Ley Estatutaria 1751 de 2015 (art. 10) dice que el sistema debe priorizar según necesidad, no según cargo o poder. Pero la práctica desmiente la norma todos los días. El paciente no es un número en un informe de la Supersalud. El Sistema Somos todos nosotros, con nombres, familias, angustias y dignidad. 

Por eso reformar el sistema no es un tema técnico, ni un debate ideológico entre derechas e izquierdas y centros, o entre oposición y gobierno de turno. Es un imperativo ético y social. No se trata solo de salud: se trata de recuperar la confianza en el Estado. Un Estado que no puede seguir siendo más eficiente para cobrar impuestos que para salvar vidas. Más ágil para pagar EPS que para prevenir muertes evitables.

Un país donde se espera más por una cita que por la justicia, está condenado a repetir el circulo vicioso en el que se encuentra sumergido. Y es en este contexto electoral que se avecina, cuando nuevamente comenzarán a desfilar promesas vacías, la pregunta inevitable que debemos hacernos como ciudadanía es: ¿Vamos a dejar que en 2026 nos prometan otra vez lo que ya sabemos que no van a cumplir? 

Como ciudadana, como consultora en salud pública, y como hija, tengo el derecho —y el deber— de opinar. No desde un sesgo político, sino desde una voz informada y aterrizada a una realidad territorial. Este artículo no busca aplausos ni condenas. Busca despertar preguntas, generar conciencia y sembrar exigencia. Mis escritos siempre promueven un ejercicio mental pedagógico, promoviendo una sociedad informada, participativa y crítica.

Y el cambio no vendrá de slogans. Vendrá del coraje colectivo de no normalizar lo inaceptable.

Este artículo no busca convencerte de un modelo único. Busca dejarte pensando si la próxima vez que alguien te hable de salud en campaña, tú sabrás preguntar por presupuestos, transiciones, ruralidad y transparencia.

 

Referencias:

Banco de la República. (2025). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Bogotá, Colombia: Autor.

CLACSO. (2025). Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales: Salud y neoliberalismo en América Latina. Buenos Aires, Argentina: Autor. https://conferenciaclacso.org

Contraloría General de la República. (2025). Informe estado del aseguramiento en salud. Bogotá, Colombia: Autor.

Corte Constitucional de Colombia. (2008). Sentencia T-760 de 2008. Bogotá, Colombia: Autor.

Corte Constitucional de Colombia. (2024). Auto 693 de 2024. Bogotá, Colombia: Autor.

Corte Constitucional de Colombia. (2025a). Sentencia T-226 de 2025. Bogotá, Colombia: Autor.

Corte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia SU-062 de 2022. Bogotá, Colombia: Autor.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2025). Proyecciones demográficas 2025-2050. Bogotá, Colombia: Autor.

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