El salario mínimo no es populismo: es justicia social y un derecho constitucional

 

Resulta curioso que durante décadas nos vendieron la idea de que empobrecer a los trabajadores era "responsabilidad fiscal", pero ahora que el presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% al salario mínimo, llevándolo a 2 millones de pesos con subsidio de transporte, de repente todo el modelo económico está al borde del abismo. Parece que la estabilidad solo existe cuando los mismos de siempre asumen el costo.

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El 29 de diciembre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento histórico del 23,7% al salario mínimo, llevándolo a $1.746.882 pesos mensuales, que sumado al subsidio de transporte de $253.118 pesos alcanza los 2 millones de pesos. La reacción fue inmediata: gremios empresariales, analistas económicos y medios de comunicación lo presentaron como una irresponsabilidad económica, una amenaza para el empleo, un desastre económico y un golpe a la clase media. Sin embargo, esta lectura pasa por alto un elemento central: la política salarial es una de las formas más directas en que el Estado interviene en la distribución del ingreso y en la administración del conflicto entre capital y trabajo. Por eso, lejos de ser un asunto exclusivamente técnico, expresa prioridades políticas y relaciones de poder. En Colombia, durante décadas, esas decisiones que definen cada año el incremento al salario mínimo han favorecido de manera sistemática al capital, más no a la clase trabajadora.

El fundamento constitucional que otorga el derecho…

Porque hay algo que no se puede olvidar en medio de este debate: el salario mínimo no es un favor del gobierno ni una concesión graciosa de los empresarios. Es un derecho fundamental. La Constitución Política de Colombia lo dice claramente en su artículo 53: toda persona tiene derecho a una remuneración mínima vital y móvil. Eso significa que el salario debe ser suficiente para vivir dignamente y debe ajustarse cuando el costo de vida aumenta. No es una sugerencia, es un mandato constitucional. La Corte Constitucional lo ha reafirmado múltiples veces: el salario mínimo está directamente relacionado con el derecho al mínimo vital, que es la garantía de que toda persona pueda acceder a lo básico para subsistir con dignidad: alimentación, vivienda, vestido, salud, educación. Cuando el salario mínimo no alcanza para cubrir esas necesidades, el Estado está incumpliendo un deber constitucional. Y Colombia ratificó el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a los países a fijar salarios mínimos considerando las necesidades de los trabajadores y sus familias, no solo la conveniencia de las empresas. Entonces, cuando alguien dice que subir el salario mínimo es populismo o irresponsabilidad, lo que realmente está diciendo es que prefiere ignorar la Constitución y los tratados internacionales. El debate no es si el salario debe subir o no. El debate es si vamos a seguir tolerando que millones de colombianos trabajen a tiempo completo y no ganen lo suficiente para vivir dignamente.

¿Un regalo envenenado? La historia se repite…

Ahora, algunos dirán que este aumento histórico y único hasta el momento es un "regalo envenenado", que al final terminará perjudicando a quienes dice beneficiar. Ese argumento no es nuevo. Lo han usado cada vez que se ha intentado mejorar las condiciones laborales en este país. Cuando se estableció la jornada laboral de 8 horas, dijeron que iba a quebrar las empresas. Cuando se crearon las prestaciones sociales, dijeron lo mismo. Cuando se reglamentó el trabajo dominical, repitieron el discurso. Y las empresas siguieron funcionando. Claro que hay riesgos, nadie lo niega. Pero llamarlo "regalo envenenado" asume que los trabajadores son demasiado ingenuos para entender las consecuencias de ganar más, como si necesitaran que alguien les explique que es mejor para ellos seguir ganando poco. La verdad es más simple: durante décadas aceptamos que era normal trabajar tiempo completo y no poder pagar el arriendo. Normalizamos que la gente tuviera que escoger entre comprar comida o pagar servicios. Le pusimos nombre bonito a la miseria y la llamamos "flexibilidad laboral". Este aumento les afecta porque rompe esa normalidad. No es un regalo envenenado. Es una molestia necesaria.

La falsa neutralidad del "sentido común económico"

No existe neutralidad técnica en economía. El llamado "sentido común económico" que durante años justificó salarios bajos, alta informalidad y precarización laboral no fue otra cosa que una forma de distribuir los costos del funcionamiento del Estado y de la economía sobre los hombros de quienes menos poder tenían. El trabajador formal sacrificaba ingreso "para cuidar su empleo", el informal absorbía el ajuste social y el Estado se endeudaba para sostener mínimos de inversión social, mientras buena parte del aparato productivo operaba cómodamente sobre una base de bajos salarios y escasa presión para innovar.

En ese contexto, el aumento del salario mínimo no puede analizarse solo como una variable económica aislada. Es, sobre todo, una ruptura deliberada del equilibrio existente, una especie de terapia de choque incómoda y disruptiva que busca alterar una inercia histórica profundamente desigual. No pretende ser una solución estructural ni resolver por sí sola la informalidad, la baja productividad o la concentración de la riqueza. Lo que se busca, más bien, es reordenar prioridades y redistribuir cargas.

El argumento de que este aumento "golpea a la clase media" por la indexación de costos es parcialmente cierto, pero incompleto. Muchos precios y tarifas en Colombia están atados al salario mínimo, y eso genera presiones reales. Sin embargo, también es cierto que durante años esa misma indexación funcionó como un mecanismo silencioso de ajuste regresivo, donde el deterioro del ingreso laboral fue aceptado como el precio de la estabilidad macroeconómica. El problema no es la existencia del conflicto, sino que ahora ese conflicto se hizo visible y dejó de resolverse siempre a favor del mismo lado.

El mito de los 21 millones de colombianos excluidos con el incremento al SM

Desde la economía real, no desde los modelos abstractos que muy pocos entienden, es evidente que el aumento del salario mínimo sí mueve la economía popular. El trabajador que gana el mínimo consume en la tienda del barrio, en el puesto de comida, en el transporte informal, en el pequeño comercio. Ese dinero circula y llega, de manera indirecta, a una economía informal que representa más de la mitad de la población ocupada. No es crecimiento estructural, pero tampoco es irrelevante. Es supervivencia, movimiento económico y sostenimiento del tejido social.

Ahora bien, hay quienes argumentan que este aumento "solo beneficia a 2,8 millones de colombianos" que ganan exactamente el salario mínimo, mientras que 21 millones quedan excluidos: 11 millones que ganan menos y 10 millones que ganan un poco más. Ese argumento, por facilista que resulte para sus defensores, ignora cómo funciona realmente una economía.

Hablemos de los 11 millones de colombianos que supuestamente no se benefician…

Empecemos por los 11 millones que ganan menos del salario mínimo, la mayoría en la informalidad. ¿De verdad no se benefician? La realidad dice lo contrario. Cuando el salario mínimo sube, muchos trabajadores informales lo usan como referencia para negociar. La empleada doméstica que ganaba por debajo del mínimo pide un ajuste. El maestro de obra que cobraba por día sube su tarifa. El mesero del restaurante informal negocia mejor salario base porque sabe que afuera hay empleos formales mejor pagos. No es un fenómeno automático, no es para todos, pero ocurre. Estudios en América Latina muestran que entre 30% y 50% de trabajadores informales experimentan ajustes salariales cuando sube el mínimo. Decir que no se benefician es ignorar esa realidad.

Y hay algo más: ese dinero que ganan los 3 millones de trabajadores formales no desaparece. Se gasta. ¿Dónde? En la tienda del barrio, en el puesto de fritos de la esquina, en el transporte informal, en el vendedor ambulante, en el mecánico del taller, en la señora que vende en la plaza de mercado. Todos esos negocios informales reciben más plata porque los trabajadores formales tienen más para gastar. Eso no es crecimiento estructural, pero es movimiento real de dinero que sostiene empleos y familias. Si 3 millones de personas aumentan su consumo en aproximadamente $600.000 mensuales, eso son más de 21 billones de pesos al año circulando en la economía. Buena parte de esa plata termina en manos de trabajadores informales. Entonces, ¿cómo van a decir que no se benefician?

Hablemos de los 10 millones de colombianos que ganan más del salario mínimo…

Ahora hablemos de los 10 millones que ganan un poco más del salario mínimo. La historia que nos venden es que ellos tampoco ganan nada, que solo sufren porque los precios suben y sus salarios no. Pero eso tampoco es cierto. Cuando el mínimo sube mucho, se genera presión para que toda la escala salarial se ajuste. Si un auxiliar que antes ganaba un salario mínimo ahora gana dos millones de pesos, el técnico que ganaba dos salarios mínimos no se va a quedar quieto viendo cómo se le reduce el diferencial. Va a negociar, ya sea solo o con su sindicato. Y en muchos casos lo logra. No consigue el 23,7%, pero sí podría lograr un ajuste del 15%, del 18%, del 20%. No es para todos, depende del sector, del tamaño de la empresa, de la capacidad de negociación. Pero pasa. Y cuando pasa, ese trabajador no solo gana más: también compensa parte del aumento en arriendos y servicios que tanto le preocupa a los analistas.

Lo que pasa es que el debate se construye como si la economía fuera una foto estática, donde unos ganan exactamente el mínimo, otros ganan menos, otros ganan más, y cada uno queda congelado en su casilla sin que nada se mueva. Pero la economía es un sistema vivo. Cuando alguien gana más, gasta más. Cuando gasta más, otro vende más. Cuando vende más, contrata más o paga mejor. Y así el dinero circula. No beneficia a todos por igual, eso es cierto. Pero decir que solo beneficia a 2,8 millones y excluye a 21 millones es una mentira bien organizada. Es un argumento que suena técnico pero que en realidad es profundamente político: busca deslegitimar cualquier intento de redistribución presentándolo como una medida elitista que solo ayuda a "unos pocos privilegiados" con contrato formal mientras abandona a las mayorías. Y eso, simplemente, no es verdad.

Quiénes son los que se oponen y desde dónde lo hacen…

Quienes hoy se oponen con más fuerza al aumento del salario mínimo no hablan desde el mismo lugar que la mayoría de trabajadores. No viven con el mínimo, no pagan el mercado contando y estirando el billete, no eligen entre el arriendo y los servicios, ni sienten el peso de que el sueldo se acabe antes de terminar el mes. Su preocupación principal no es si alcanza para comer, sino si suben los costos, si baja la rentabilidad o si se afecta la "confianza del mercado". No es que mientan: es que defienden su propio interés, uno que históricamente ha tenido más voz, más poder y más influencia en las decisiones del Estado.

Y hay algo particularmente interesante en este debate: muchos de los que critican el aumento con más vehemencia son precisamente quienes se van a beneficiar de él. Por ejemplo, contratistas del Estado con contratos OPS indexados al salario mínimo, funcionarios públicos cuya estructura salarial se ajusta cuando sube el mínimo, profesionales independientes que facturan a entidades estatales. Todos ellos van a ganar más este año. Pero salen a las redes sociales a repetir los mismos argumentos de los gremios empresariales: que esto genera inflación, que destruye empleo, que es populismo. No se dan cuenta, o no quieren admitir, que están defendiendo una narrativa que va en contra de sus propios intereses. Porque han internalizado tanto el discurso del miedo que terminan reproduciendo los argumentos de quienes históricamente han concentrado riqueza, aunque ellos mismos sean de la clase trabajadora. Eso no es análisis económico. Eso es colonización ideológica.

Del otro lado está la realidad material de millones de personas que viven del trabajo diario, formal o informal, y para quienes un aumento del salario no es una discusión técnica sino una cuestión de dignidad y supervivencia. Para esa mayoría, ganar más no significa volverse rica, sino respirar un poco, comprar mejor comida, pagar deudas, moverse sin tanta angustia. El choque que hoy se presenta como "crisis económica" es, en el fondo, un choque entre dos formas de ver el país: una que quiere que todo siga funcionando como antes porque así siempre ganó, y otra que exige, por primera vez en mucho tiempo, que el peso del ajuste no caiga siempre sobre los mismos.

Riesgos reales y el verdadero impacto fiscal que esta decisión trae consigo…

Ahora bien, sería deshonesto afirmar que esta medida, por sí sola, garantiza mayor crecimiento, formalización o reducción sostenida de la desigualdad. No lo hace. El derrame hacia la informalidad es real pero limitado, muchas veces erosionado por el aumento de costos y por una productividad estructuralmente baja. Más circulación de dinero no equivale automáticamente a acumulación, inversión o transformación productiva.

Adicionalmente, seamos honestos: el verdadero impacto de este aumento no lo van a sentir las pequeñas empresas, porque la mayoría de ellas no paga salario mínimo formal con todas las prestaciones. El impacto real lo va a asumir el sector público: Las alcaldías, gobernaciones, hospitales públicos, colegios, juzgados, todas las entidades del sector público son las que tienen empleados formales ganando salario mínimo: auxiliares administrativos, personal de aseo, celadores, conductores, trabajadores de la salud. En departamentos como La Guajira, el Estado es uno de los más importantes generadores de empleo formal. Entonces cuando dicen que este aumento va a quebrar empresas, lo que realmente están diciendo es que el Estado va a tener que redistribuir su presupuesto para pagar mejor a sus trabajadores. Y eso, aunque genere tensión fiscal, no es una catástrofe. Es una decisión política sobre prioridades: ¿invertimos en infraestructura o pagamos dignamente a quien trabaja? ¿Subsidiamos a privados o redistribuimos hacia trabajadores públicos? Esas son las preguntas de fondo. Pero presentarlas como "crisis económica inevitable" es ocultarle al país que esto es, siempre fue, y siempre será una decisión política sobre quién asume el costo de sostener a la sociedad.

La apuesta del gobierno parece ser otra: forzar al aparato productivo a salir de su zona de confort. Colocar presión sobre las empresas para que busquen nuevos mercados, innoven, aumenten productividad y asuman una parte del esfuerzo histórico que antes recaía casi exclusivamente sobre el Estado y los trabajadores. En ese sentido, la crítica empresarial sobre la supuesta falta de una "verdadera concertación" solo nos demuestra que debajo de la mesa hay oculto algo más profundo: el Estado cambió su posición política y dejó de administrar el conflicto exclusivamente a favor del capital.

Este giro no está exento de riesgos. Colombia no es solo grandes empresas con capacidad de adaptación; es también un país de mipymes frágiles, con bajo acceso a crédito, escasa tecnología y márgenes estrechos. Sin políticas complementarias, crédito productivo, reducción de costos no salariales, apoyo a la transición productiva, combate a las rentas improductivas, el shock puede expulsar a algunos actores del mercado en lugar de transformarlos.

Pero negar el carácter legítimo de esta decisión por no ser "perfecta" equivale a exigir inmovilismo. Ningún proceso redistributivo en la historia comenzó con un diseño impecable. Todos comenzaron con decisiones imperfectas, conflictivas y profundamente políticas.

El doble rasero del "populismo"…

En el fondo, el debate no es sobre cifras, sino sobre quién debe asumir el esfuerzo de sostener la sociedad. Durante décadas, ese esfuerzo ha estado sobre los hombros de trabajadores con salarios miserables y un Estado endeudado tratando de compensar lo que el mercado no resolvía. Este aumento del salario mínimo no corrige esa estructura, pero la cuestiona. No elimina la brecha entre ricos y pobres, pero la reconoce. No es el final del camino, pero sí un gesto inicial que devuelve centralidad simbólica y material a la clase trabajadora.

Llamar "populismo" a cualquier mejora del ingreso laboral es una forma elegante de decir que el trabajador solo importa cuando vota, no cuando vive. Resulta entonces incompresible que cuando se bajan impuestos a empresas o se impide gravar a los más ricos, como pasó recientemente con el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento, eso se llame "garantizar la confianza inversionista", pero cuando se sube el salario mínimo se le llame "populismo". Eso es un doble rasero.

En efecto, el salario mínimo en Colombia siempre ha sido una decisión política, y la historia no miente cuando nos recuerda que gobiernos anteriores también hicieron alzas importantes en años electorales. La diferencia es que hoy sí importa revelar a quién beneficia principalmente.

Si salarios bajos fueran la receta contra la informalidad y la pobreza, Colombia ya sería un país desarrollado, pues ese ha sido nuestro escenario laboral histórico. Durante décadas el salario mínimo ha estado rezagado, ha existido una alta informalidad y la desigualdad es persistente, pues la brecha entre ricos y pobres cada día es más amplia.

Es importante recordar que la informalidad en Colombia no nació por salarios altos, nació por la baja productividad, falta de crédito, abandono estatal y un modelo que normalizó el rebusque.

Por otra parte, que Venezuela ya vivió ese libreto es el argumento emocional más usado y el más flojo. Hacer esas comparaciones solo evita el debate de fondo: aquí el problema no ha sido el exceso de derechos laborales, sino su ausencia. No somos ni estamos lejos de ser o de convertirnos en Venezuela, porque en Colombia aún no existe una política de control de precios, no se expropian empresas, no tenemos una economía cerrada y no tenemos hiperinflación. Usar el discurso de Venezuela es sembrar miedo y no hacer el análisis objetivo.

Durante años nos han vendido la idea que si la clase trabajadora ganaba menos era por el bien del país. Ahora que se intenta mejorar el ingreso, nos dicen que el país se va a quebrar. Entonces la pregunta es sencilla: ¿el país solo funciona cuando el trabajador pierde o cuando asume el costo?

Algunos de los datos que desmienten el supuesto desastre…

Y mientras se repiten profecías catastróficas sobre colapso económico y destrucción masiva de empleo, los datos oficiales cuentan otra historia. Según el DANE, en noviembre de 2025 el desempleo en Colombia estaba en 7%, la tasa más baja desde 2020. La economía venía generando empleo, no destruyéndolo. Había casi un millón de personas más trabajando que el año anterior. La ocupación crecía, la economía se movía. Entonces, ¿dónde está el colapso inminente del que tanto hablan? La economía colombiana no estaba en crisis terminal cuando se decretó el aumento. Estaba creciendo con problemas estructurales, sí: informalidad del 55%, baja productividad, desigualdad extrema. Pero precisamente por eso necesita redistribución, no más de lo mismo. Y sobre la informalidad que tanto preocupa a los críticos: lleva décadas en el mismo nivel, con salarios bajos, con salarios medios, con crisis y con bonanza. No nació por salarios altos. Es estructural. Entonces culpar al aumento del salario mínimo de un problema que ya estaba ahí es deshonestidad intelectual o ignorancia deliberada. Los datos no mienten. Las narrativas sí.

Decir que el aumento del salario mínimo es solo una estrategia electoral ignora deliberadamente la historia. En Colombia, gobiernos anteriores también decretaron alzas importantes en años electorales, sin que eso fuera presentado como un escándalo. La diferencia hoy no es el calendario, sino que por primera vez se dice abiertamente a quién se busca beneficiar. La discusión no es si hay política detrás de la decisión, ya que siempre la ha habido, sino para quién se hace política desde el gobierno.

Conclusión: redistribuir la riqueza siempre va a molestar, pero es necesario

Tal vez el alza del 23,7% al salario mínimo no sea la mejor decisión económica posible en términos técnicos, pero sí es una decisión política necesaria en una sociedad profundamente desigual. Porque a veces, para que algo empiece a cambiar, primero hay que moverle el piso al orden que parecía funcionar, pero solo para unos pocos. No se trata de romantizar el salario mínimo ni de negar los riesgos. Se trata de entender que una economía no puede sostenerse eternamente sobre ingresos insuficientes de su grupo social mayoritario (la clase trabajadora).

Y se trata, sobre todo, de hacernos la pregunta que nadie quiere responder: si durante décadas mantuvimos salarios bajos, alta informalidad y desigualdad brutal sin que eso generara desarrollo, ¿por qué insistimos en defender ese modelo? ¿A quién le ha funcionado realmente? Porque a los trabajadores que estiran billetes para que alcance el mercado, claramente no. A las regiones abandonadas donde el Estado es el único empleador formal, tampoco. A los millones que viven del rebusque porque nunca hubo empleo digno, mucho menos. Entonces, ¿para quién funciona el modelo que tanto defienden los que gritan catástrofe?

La respuesta no le gusta a muchos pero es real: funciona para quienes durante décadas operaron cómodamente sobre la base de mano de obra barata, para quienes concentraron riqueza mientras el ajuste siempre caía sobre los mismos, para quienes nunca tuvieron que elegir entre pagar el arriendo o comprar comida. Y ahora que se intenta redistribuir aunque sea un poco, aunque sea imperfectamente, salen a defender el orden establecido con argumentos que suenan técnicos pero que son profundamente políticos.

El miedo a que todo colapse no puede ser siempre la excusa para que nada cambie. Porque el colapso ya está aquí. Lo vive quien gana salario mínimo y no le alcanza. Lo vive quien trabaja informal sin derechos. Lo vive quien en pleno siglo XXI tiene que escoger qué comer. Ese colapso no es futuro. Es presente. Y lleva décadas siendo presente para las mayorías mientras se le llama "estabilidad macroeconómica".

Entonces quedó comprobado que este aumento molesta, redistribuye, cuestiona y rompe el equilibrio, precisamente por eso es necesario, porque ese equilibrio nunca ha sido justo, solo era beneficioso para quienes siempre han impuesto sus intereses.

Preguntas frecuentes sobre el salario mínimo 2026

¿Por qué el aumento del salario mínimo 2026 NO genera inflación descontrolada?

El aumento del 23.7% para 2026 NO genera inflación estructural descontrolada porque:

1. Redistribuye ingreso hacia sectores con alta propensión al consumo de bienes básicos, estimulando la economía local (tiendas de barrio, transporte, alimentos) sin generar burbujas especulativas.
2. Colombia tiene 56% de informalidad, lo que significa que gran parte de la economía ya opera fuera de la estructura salarial formal, absorbiendo impactos de forma diferenciada.
3. La experiencia internacional demuestra (MIT, CEPAL) que aumentos significativos del salario mínimo en economías con alta informalidad no generan espirales inflacionarias cuando existe capacidad productiva instalada y no hay restricciones severas de oferta.

El verdadero riesgo inflacionario proviene de la indexación automática de contratos y tarifas atadas al salario mínimo, no del aumento salarial en sí mismo. Este es un problema de diseño institucional que debe corregirse, no una justificación para mantener salarios de pobreza.

¿El aumento del salario mínimo 2026 aumenta el desempleo?

No existe evidencia empírica concluyente de que aumentos del salario mínimo incrementen estructuralmente el desempleo en Colombia. De hecho:

• La informalidad del 56% indica que millones ya trabajan por debajo del mínimo sin estar oficialmente "desempleados". El problema estructural no es el nivel salarial sino la falta de formalización.
• Países con salarios mínimos significativamente más altos (Alemania, Francia, Reino Unido) mantienen tasas de desempleo inferiores a Colombia.
• En noviembre de 2025, Colombia tenía desempleo del 7%, la tasa más baja desde 2020, demostrando que la economía estaba generando empleo antes del decreto.

El argumento del desempleo es una falacia empresarial que ignora la responsabilidad del Estado en crear condiciones de formalización, acceso a crédito productivo y desarrollo de capacidades empresariales, no en precarizar salarios como estrategia de generación de empleo.

¿Cuánto es el salario mínimo en Colombia para 2026 con auxilio de transporte?

Para 2026, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia es:

• Salario base: $1,746,882 COP
• Auxilio de transporte: $253,118 COP
• TOTAL: $2,000,000 COP

Esto representa un aumento histórico del 23.7% respecto al salario mínimo 2025, el incremento más significativo en décadas.

Nota: El auxilio de transporte aplica únicamente para trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales según el Código Sustantivo del Trabajo.

¿Es populismo aumentar el salario mínimo un 23.7% antes de elecciones?

No. Aumentar el salario mínimo NO es populismo, es cumplir la Constitución.

El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia establece que todo trabajador tiene derecho a una "remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo". Esto no es un favor del gobierno de turno: es un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar.

Llamar "populismo" al cumplimiento de derechos constitucionales es una estrategia discursiva de las élites económicas para deslegitimar políticas redistributivas. Gobiernos anteriores también decretaron alzas importantes en años electorales sin que fuera presentado como escándalo. La diferencia hoy es que se dice abiertamente a quién se busca beneficiar: a la clase trabajadora.

Lo que SÍ es populismo neoliberal es recortar derechos laborales, precarizar empleos, y transferir riqueza a grandes empresas mediante exenciones tributarias mientras se niega un salario digno a millones de colombianos.

¿Qué otras medidas se necesitan además del aumento del salario mínimo?

Aunque el aumento del salario mínimo es necesario, NO es suficiente por sí solo. Se requiere un paquete de políticas complementarias:

1. Renta Básica Universal: Garantizar un ingreso mínimo para todos los ciudadanos, especialmente quienes están fuera del mercado laboral formal.
2. Reforma Tributaria Progresiva: Que los que más tienen paguen más. Reducir exenciones a grandes empresas y gravar rentas de capital, no solo el trabajo.
3. Formalización del Empleo: Incentivos reales (no solo retóricos) para que empresas formalicen trabajadores, con reducción gradual de cargas parafiscales sin eliminar derechos.
4. Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública: Reducir el gasto de bolsillo de las familias trabajadoras en salud mediante un sistema público robusto.
5. Control de Precios en Bienes Esenciales: Regular especulación en alimentos, medicamentos, arriendo y servicios públicos para que el aumento salarial se traduzca en mejora real de calidad de vida.
6. Inversión en Productividad: Capacitación técnica, acceso a crédito para MiPymes, innovación tecnológica, para que aumentos salariales vayan acompañados de mayor eficiencia económica.

El salario mínimo es el piso, no el techo. Necesitamos un modelo económico que no dependa de salarios de hambre para ser "competitivo", sino que construya competitividad desde la dignidad, la educación, y la innovación.

Fuentes: Constitución Política de Colombia (Art. 53), DANE (Estadísticas laborales 2025), Convenio 131 OIT, Sentencias Corte Constitucional, Estudios CEPAL y MIT sobre salario mínimo en América Latina.

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