Petro V/s Banco de la República : ¿Quién paga el costo del ajuste?
Petro V/s Banco de la República
Lo que está pasando hoy en Colombia no es una discusión técnica más... Es un momento donde se enfrentan dos formas distintas de entender el país y sobre quién debe asumir los costos.
Lo que está pasando hoy en Colombia no es una discusión técnica más, ni una simple división entre instituciones. Es un momento donde se están enfrentando dos formas distintas de entender el país, su economía y, sobre todo, sobre quién debe asumir los costos cuando hay confrontaciones de este nivel.
Por un lado está el Banco de la República. Desde su lógica, lo que está en juego es la estabilidad de la moneda. Ven una inflación que sigue por encima de la meta, una inflación básica que no cede con la velocidad esperada y unas expectativas que todavía no están completamente ancladas. Bajo ese marco, su decisión de subir la tasa de interés tiene coherencia: buscan enfriar la economía, reducir el consumo, encarecer el crédito y, con eso, presionar a la baja los precios. Su argumento es sencillo: si no se actúa ahora, el problema puede ser mayor después.
Pero por otro lado está el Gobierno, que no está negando la inflación, sino que está viendo otra cara del problema. Está viendo una economía que no es homogénea, donde millones de personas y millas de pequeñas y medianas empresas dependen del crédito para sostenerse, donde hay problemas estructurales de liquidez, y donde muchas de las presiones inflacionarias no vienen de un exceso de gasto, sino de costos: energía, transporte, insumos, factores externos. Desde esa perspectiva, subir la tasa en este contexto no solo es una medida limitada frente a esas causas, sino que además termina afectando directamente la capacidad de la gente para vivir, producir y sostener sus proyectos.
Ambas posiciones tienen argumentos. El error es creer que esto se reduce a quién tiene la razón en términos técnicos. Porque la discusión de fondo no es técnica, es política y ética.
El Banco prioriza la estabilidad de precios, incluso si eso implica desacelerar la economía. El Gobierno prioriza sostener la actividad económica y mejorar las condiciones de la gente, incluso si la inflación tarda más en bajar. Y en este orden debemos comprender que toda decisión implica un costo. La pregunta real es quién lo supone. Y es en este punto donde esta discusión deja de ser abstracta y se vuelve profundamente decisiva para la vida de las personas.
Cuando suben las tasas de interés, no afecta a todo el mundo igual. No es lo mismo para quien tiene capital y liquidez que para quien vive del ingreso mensual o diario. No es lo mismo para quien invierte desde el patrimonio que para quien necesita crédito para emprender, sostener su negocio o pagar su vivienda. No es lo mismo para una gran empresa que para una PYME.
La política monetaria es una sola, pero sus efectos son profundamente desiguales. Y ese es el punto que muchas veces se invisibiliza detrás del lenguaje técnico. Cuando se habla de “enfriar la economía”, lo que en realidad se está diciendo es que se reduce el consumo, se encarece el crédito y se frena la inversión. Y cuando eso pasa, quienes más lo sienten son quienes están más cerca del día a día: el hogar que paga una cuota, el pequeño empresario que depende de flujo de caja, la persona que está intentando salir adelante.
No es que el Banco de la República quiera perjudicar a alguien. Ese no es el punto. El punto es que la herramienta que usa para tomar decisiones tiene efectos que no son neutrales, y esos efectos recaen más fuertes sobre unos que sobre otros.
Por eso esta discusión genera tanta molestia y fricción en diferentes sectores. Porque no es solo una diferencia de modelos económicos. Es una diferencia de posiciones en la realidad económica y política del país. Eso se traduce entre quienes ven la economía desde la estabilidad del sistema (doctores en escritorios y oficinas elegantes con salarios de 40 millones). Y hay quienes la viven desde la dificultad de sostener la vida (los que viven del salario mínimo, el rebusque, el emprendimiento familiar, el empleo público etc.) Y cuando esas dos miradas o formas de muy y de vivir no se encuentran, lo que se produce no es solo un desacuerdo técnico, sino una ruptura en la forma en que se entiende el país.
Aquí también entra otro elemento que no se puede ignorar: ¿quién toma las decisiones? y ¿desde dónde lo hace?.
Los miembros de la Junta del Banco de la República son economistas altamente calificados, muchos formados en las universidades más prestigiosas del país y del mundo. Pero también es cierto que no viven las condiciones materiales de la mayoría de los colombianos. No toman decisiones desde la experiencia de la escasez, del crédito como necesidad, o del rebusque cotidiano.
Y eso en Colombia importa. No porque invalide su conocimiento, sino porque introduzca una distancia entre quien decide y quien asume las consecuencias de esas decisiones. Esa distancia no es menor, es estructural.
Por eso muchas personas sienten que estas decisiones se toman sin entender plenamente lo que significan en la vida real. Y por eso también se percibe como injusto que cuando se intenta mejorar las condiciones de la gente —por ejemplo, aumentando el salario mínimo— la respuesta del sistema sea soportar las condiciones económicas. No porque haya un castigo deliberado, sino porque el modelo económico y el establecimiento responden así a los cambios disruptivos.
Y es en este contexto donde se vuelve legítimo cuestionar si ese modelo económico es suficiente para un país como Colombia. Porque reducir la desigualdad y disminuir la brecha de pobreza, no es solo mantener la inflación baja. Es transformar las condiciones y realidades materiales de la sociedad: acceso a ingresos, oportunidades, crédito, productividad, empleo digno. Y eso no se logra únicamente con buscar a como de lugar la estabilidad macroeconómica. Pero tampoco se logra solo con decisiones de redistribución de la riqueza.
Se necesita una articulación más profunda entre la política monetaria, la política fiscal y la política productiva. Y eso implica acuerdos y coordinación entre quienes toman las decisiones.
Pero lo que estamos viendo hoy es una falta de esa articulación. Cada actor está respondiendo desde su lógica, sin un punto de equilibrio claro. Y en medio de ese choque, está la gente. No como espectadora, sino como quien vive y asume las consecuencias.
Esta no discusión es lejana a nuestra cotidianidad. Está en el crédito de vivienda, en el negocio que se sostiene con dificultad, en la posibilidad de emprender, en el empleo que se genera o se pierde, en la capacidad de las familias para llegar a fin de mes, en el crédito que las PYMES requieren de sus proveedores.
Por eso es importante entender que esto no se trata de tomar partido de forma automática, sino de comprender qué está en juego en toda esta discusión. Y lo que está en juego es cómo se distribuyen los costos del ajuste económico. Porque siempre hay ajuste. Siempre hay decisiones. Siempre hay tensiones. Pero no siempre se reparten las cargas y consecuencias de la misma manera. Y ese debería ser el verdadero debate.
No es si el Banco de la República tiene argumentos o si el Gobierno de Gustavo Petro tiene razón. Es si las decisiones que se están tomando están distribuyendo de manera justa los costos que ellas implican.
Ahora bien, más allá del debate, de la posición del ministro de Hacienda o del presidente, en la práctica quien tiene la capacidad de decidir es la Junta Directiva del Banco de la República. Y sus decisiones se van a imponer. Eso significa que, nos gusta o no, la gente va a tener que asumir los efectos de una economía más costosa, con crédito más caro y con menor dinamismo en el corto plazo. Esa es la realidad. Pero aceptar esa realidad no significa normalizarla ni dejar de cuestionarla.
Porque si algo deja claro este momento es que Colombia tiene un problema muchos más profundo: quienes nos gobiernan no han logrado construir un modelo económico donde las decisiones necesarias no recaigan siempre sobre los mismos: la clase obrera o trabajadora, la clase popular. Seguimos sosteniendo un sistema donde los ajustes se hacen desde arriba, pero se sienten con más fuerza abajo, en la base social.
Y si esto no se corrige, lo que viene es predecible: más dificultad para emprender, más barreras para acceder a una vivienda, más presión sobre los hogares, y una sensación creciente de estancamiento en amplios sectores de la población. Porque el mundo está enfrentando desafíos complejos que ya no tienen reversa: el calentamiento global, la revolución de la inteligencia artificial, la guerra económica por el control de la moneda de cambio, etc. Por eso este debate no se puede cerrar aquí.
Se requiere una discusión mucho más de fondo sobre el modelo de país que queremos. Sobre el papel del Banco de la República, sobre su alcance, funciones y competencias, sobre su coordinación con el Gobierno, y sobre cómo se diseñan políticas que no solo sean técnicamente correctas, sino socialmente sostenibles.
Porque si las decisiones económicas siguen desconectadas de la realidad material de la mayoría de las gentes de este país, lo que se destruye no es solo el bolsillo de la gente, sino la legitimidad del sistema.
Me quedo con la expresión dicha por Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, en la rueda de prensa donde explicaron la decisión: “Fue una decisión dolorosa, pero necesaria”. Y eso inevitablemente lleva a una pregunta: ¿para quién es el dolor y para quién es el alivio?
Porque el dolor no se distribuye de forma equitativa. No impacta igual a todos. Golpea con mayor fuerza a quienes tienen menos capacidad de maniobra: a quienes dependen del crédito para sostenerse, a quienes no tienen ahorro, a quienes viven al día o cerca del límite.
Los sectores populares terminan sintiendo el efecto por varias vías: enfrentan precios altos en bienes básicos y, al mismo tiempo, ven encarecerse el acceso al crédito formal. Cuando eso ocurre, muchos quedan por fuera del sistema financiero y terminan recurriendo a mecanismos más costosos y riesgosos como el crédito informal.
El “dolor” entonces no es abstracto. Tiene rostro y contexto: es el del pequeño comerciante que ve caer su flujo de caja, el del productor que no puede financiar sus insumos, el de la familia que siente cómo su capacidad de pago se reduce mes a mes.
Y en medio de eso, surge una sensación legítima: que los esfuerzos por mejorar las condiciones —como el aumento del salario mínimo— se diluyen rápidamente frente a decisiones que encarecen la vida.
El punto no es negar que haya costos. El propio Banco lo reconoce. El punto es que esos costos no se reparten de manera proporcional. Y ahí es donde esta discusión deja de ser técnica y se convierte en un debate sobre justicia económica.
Entender lo que está pasando no es un ejercicio académico. Es un acto político. Porque entre más personas comprenden cómo funcionan estas decisiones y quién afecta realmente, más difícil será que estas discusiones se sigan dando de espaldas a la realidad del país.
La discusión de fondo no es técnica, es política y ética. La pregunta real es: ¿Quién asume el costo?
Voz de La Guajira
La Guajira Escribe el Mundo Lee
¿Cuál es tu posición en este debate?
La economía no debería decidirse a espaldas de la gente. Me interesa conocer tu opinión sobre cómo estas medidas afectan tu día a día en el territorio.
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Oriana Teotiste Zambrano Montoya
Abogada especialista en el sector salud y Especialista en Proyectos de Desarrollo (ESAP). Analista política y columnista, dedicada a visibilizar las realidades sociales y jurídicas desde el territorio guajiro.
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