La Guajira tiene una oportunidad y se llama presidencia del Senado
La elección del presidente del senado y del congreso de la República no trata de Abelardo de la Espriella. Él tuvo su día, se la jugó y ganó. Mañana no se elige su gobierno ni se ratifica su triunfo. Mañana se define algo que nos concierne a nosotros las y los guajiros y que llevamos décadas sin poder decidir.
Se define si un guajiro conduce el Congreso de la República durante el primer año de un gobierno nuevo. El año en que se tramita el Plan Nacional de Desarrollo, se aprueba el Presupuesto de la Nación. El año en que los gobiernos todavía pueden hacer cosas o dejar las bases para hacerlas.
Y el país está discutiendo otra cosa porque su agenda política nacional responde a una narrativa que solo le importa al centro y a la capital. Y nosotros que somos la región nos hemos dejado envolver en su conversación, que parte de una disputa de poder mediático que se basa en ataques y señalamientos, pero olvida nuestra historia y realidades territoriales.
En el Congreso de la República somos minoría y eso no es un accidente
Empecemos por la aritmética, para poder comprender el alcance de la afirmación debemos revisar primero el artículo 176 de la Constitución que fija dos representantes a la Cámara como piso para cada departamento. Ese piso es nuestro techo. La Guajira elige dos. Antioquia, Bogotá y Valle eligen más de una decena cada uno. Atlántico y Cundinamarca nos multiplican por tres o más. En el Senado, que es circunscripción nacional, la desventaja opera distinto pero pesa igual: los departamentos con mayor densidad electoral producen más senadores propios, y esos senadores llegan con capacidad de bloque. Pero además lograr elegirse en un departamento con brechas electorales profundas de acceso al ejercicio pleno del derecho al voto contra los que se eligen en Bogotá o Medellín es toda una proeza. Competimos políticamente y económicamente por un lugar con total desventaja.
Nosotros llegamos para el próximo periodo legislativo de cuatro años que inicia mañana 20 de julio con tres voces guajiras al Senado. Tres líderes que no convergen, sino que divergen en orillas ideológicas opuestas.
Entonces cada vez que se reparte una vigencia futura, cada vez que se define una fórmula de asignación presupuestal, cada vez que se negocia el articulado para el plan de desarrollo, nuestros congresistas llegan a pedir, pero otros llegan a decidir. No porque sean más hábiles, sino porque son más.
Esa desventaja tiene consecuencias medibles y están a la vista en el mapa del desarrollo colombiano. Las regiones que concentran representación mayoritaria en el Congreso de la República concentran mayor inversión. No hay misterio en eso. El Congreso de la República funciona por mayorías y las mayorías se construyen con votos, no con argumentos por más buenos que sean. He visto argumentos guajiros excelentes morirse en comisión por falta de apoyo y acompañamiento.
Ser uno de los tres votos entre ciento ocho del senado es una cosa. Pero presidir la mesa directiva es otra completamente distinta. Quien preside no vota dos veces. Pero decide qué se debate y cuándo, conduce las sesiones conforme a la Ley 5ª de 1992, convoca, cita, instala comisiones accidentales, ordena la agenda. En un cuerpo colegiado donde el tiempo es el recurso más escaso, controlar el orden del día es controlar buena parte del resultado. Cualquiera que haya trabajado un proyecto en el Congreso o en un cuerpo colegiado sabe que la diferencia entre una ley y un archivo suele ser el calendario.
Esa es la ventana de oportunidad que el destino nos abre. No es infinita, dura un año, y no se abre por sí sola, se trabajó con estrategia para lograrlo.
Llevo años oyendo la misma respuesta desde Bogotá, y la misma crítica desde lo local: Que La Guajira recibe regalías. Que el problema es de ejecución, de capacidad institucional, de gerencia, de corrupción. Hay algo de cierto en eso, pero también mucho desconocimiento.
El asunto de fondo casi nadie lo habla: en Colombia se legisla para un municipio promedio que en La Guajira no existe. Un municipio con perímetro urbano definido, población concentrada, catastro actualizado, predios titulados individualmente, comunidades que caben en la categoría de "usuario del servicio". Sin embargo, Uribia tiene una extensión enorme y su población vive dispersa en cientos de rancherías sin vía de acceso permanente. Manaure es un municipio donde la propiedad colectiva es la regla. Maicao vive de una economía fronteriza informal y consuetudinaria que ninguna norma nacional entiende.
En este contexto las fórmulas per cápita, los estándares de habilitación, las exigencias de titularidad predial para ejecutar obra pública, los indicadores de cobertura por suscriptor, todo eso no falla por falta de plata. Falla porque fue diseñado para otros territorios y otras condiciones.
La Constitución tenía prevista la salida. El artículo 7 reconoce la diversidad étnica y cultural como principio del Estado, no como concesión. El artículo 13 obliga a promover condiciones para que la igualdad sea real y a adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El artículo 286 y el 287 le dan a las entidades territoriales autonomía para gestionar sus intereses. Y, finalmente, el artículo 330 reconoce el gobierno propio de los territorios indígenas.
Y sin embargo seguimos aplicando una ley que trata igual a lo que es distinto, y después nos culpan a nosotros del resultado. Ese vicio no lo corrige un ministro con buena voluntad. Se corrige en el Congreso, cambiando el diseño por medio de leyes nuevas o modificando las existentes. Y el diseño se cambia cuando alguien logra ponerlo en el orden del día y sostenerlo en tres o cuatro debates.
El mejor ejemplo de todo lo anterior está en Maicao (Más sobre Maicao) y casi nadie lo ha comprendido. La Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure está regulada en el Título 11 del Decreto 1165 de 2019, a partir del artículo 545. Es un régimen aduanero diferenciado, reconocido por el Estado, construido sobre la realidad de una economía fronteriza que existe desde mucho antes de que existiera la norma.
Pero fíjense dónde está regulado: en un DECRETO, o sea que la economía legal de tres municipios guajiros, que sostiene a miles de familias, depende de una norma que se modifica en un despacho de Bogotá sin pasar por ningún debate. Y se ha modificado de hecho, pero no se nos ha permitido legislar sobre él. Y entonces me pregunto: ¿cómo podremos superar el estado de cosas inconstitucionales, la pobreza extrema, la elevada tasa de informalidad laboral si no tenemos mecanismos de ley ajustados a nuestras necesidades y realidades?
En 2022 una resolución de la DIAN permitió que las mercancías destinadas a la zona ingresaran por Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y el aeropuerto de Riohacha. Sobre el papel, una medida técnica de facilitación. En el terreno, la anulación casi completa de la operación del puerto guajiro PUERTO NUEVO, del que dependen para el cargue y descargue más de seiscientas familias de la Alta Guajira, en su mayoría wayuu. Se necesitó una gestión sostenida de comerciantes, gremios y autoridades indígenas para revertir el efecto y lograr que Puerto Nuevo, en Bahía Portete, volviera a quedar habilitado en el sistema de la DIAN a comienzos de 2023. ¿A quién benefició de fondo esa resolución? ¿A los guajiros? No, le sirvió solo a los puertos y comerciantes de esas capitales.
Puerto Nuevo, operado por la Sociedad Portuaria de la Península, es una empresa nuestra, es una iniciativa del empresariado social indígena, pero también es hoy la única infraestructura portuaria con vocación multipropósito ligada al régimen especial aduanero vigente.
Somos un departamento con costa sobre el Caribe, con frontera terrestre activa, con un puerto carbonífero privado de escala mundial. Cualquier conversación seria sobre economía post minera empieza exactamente ahí y estamos esperando poder iniciar con el gobierno nacional.
Lo que hace falta no es un decreto más generoso. Es rango legal. Que el régimen fronterizo tenga estabilidad normativa, que el porcentaje de los tributos recaudados sobre la mercancía que entra a la ZRAE se quede en la zona y sea más robusto su monto de recaudo, que la habilitación portuaria no dependa del humor administrativo del gobierno de turno. Eso se consigue con una ley y esta se tramita en el Congreso. Ya hay iniciativas radicadas en esa dirección desde hace años lideradas por el mismo Alfredo Deluque, que siguen esperando turno para su aprobación, pero sin capacidad de injerencia suficiente para sacarlas adelante no se harán realidad, y eso es lo que mañana nos jugamos en cabeza de Alfredo Deluque y su aspiración a ser elegido presidente del Senado.
La represa del río Ranchería costó más de 650.000 millones de pesos ya la cuenta va por 2 billones. La presa El Cercado se terminó en noviembre de 2010, con capacidad para 198 millones de metros cúbicos, concebida para abastecer los acueductos de nueve municipios, irrigar 18.536 hectáreas y generar energía. Dieciséis años después su única función real es regular el caudal del río. No hay acueductos conectados. No operan los distritos de riego. No existe la central hidroeléctrica. En mayo de 2023 el Consejo de Estado ordenó terminar el proyecto; en enero de este año la Procuraduría tuvo que abrir proceso disciplinario por incumplimiento de esa orden. En septiembre pasado Alfredo Deluque advirtió públicamente que la represa había quedado sin operador calificado y que el proceso para escogerlo estaba revocado. No lo dijo en campaña. Lo dijo cuando nadie lo estaba esperando.
La vía a la Alta Guajira es la segunda. Sin ella, todo lo que se ordene para Uribia y Manaure depende de camiones que no pasan en invierno. Se puede tener la mejor sentencia del país. Pero sin carreteras, la sentencia y su Plan Estructural no llegarán. Este proyecto ha sido liderado y defendido durante años por Alfredo Deluque y aunque durante estos últimos cuatro años se estancó, nuevamente se abre la oportunidad para recuperarla y terminarla.
Y está el cierre minero. La concesión de Cerrejón va hasta 2034. La operación sostiene más de doce mil empleos entre directos y contratistas, y aporta cerca de 166 millones de dólares anuales en regalías según estimaciones de la consultora GEM. La producción ya viene cayendo: 16,8 millones de toneladas en 2025 frente a 19,2 en 2024. Ocho años. Ese es el plazo real para construir una economía de reemplazo que hoy no existe, y ocho años son dos gobiernos y dos planes de desarrollo.
El primero de esos planes entrará al Congreso el año entrante.
Al tiempo que el carbón inicia su retirada, en nuestra tierra se gesta silenciosamente el nuevo corazón energético de la nación.
Las cifras del Ministerio de Minas no mienten: dieciséis proyectos eólicos avanzan en su trámite, representando 2.502 megavatios y una inversión que supera los 2.525 millones de dólares. El horizonte hacia 2034 proyecta una transformación radical con más de cuarenta parques y ocho mil megavatios de potencia. AES alista motores para Jemeiwaa Ka'i en territorio del resguardo de la Alta y Media Guajira; Ecopetrol asume el reto de Windpeshi en Uribia y Maicao, rescatando lo que otros abandonaron; y la Línea Colectora se prepara para surcar diez de nuestros municipios.
Sin embargo, la realidad del país se resume en un dato contundente: de todo ese despliegue anunciado, hoy solo Guajira I, en el Cabo de la Vela, es una realidad operativa. Un solo parque para toda Colombia, y está aquí. El más importante reto hoy es: el DIÁLOGO SOCIAL Y GENUINO (Conflicto de Interlocución con el Pueblo Wayuu). Y es aquí donde nuevamente un presidente del Senado se puede convertir en mediador, facilitador de ese escenario complejo donde convergen diferentes intereses, enfoques, formas de hacer y ver de actores como comunidad, empresa, gobierno nacional y gobierno territorial.
Asimismo, frente a nuestras costas emerge Sirius (Más sobre SIRIUS II), el bloque GUA-OFF-0 donde Petrobras y Ecopetrol han hallado un tesoro de seis terapies cúbicos de gas, triplicando las reservas nacionales. Se espera una producción diaria de 470 millones de pies cúbicos para la próxima década, reforzada por el reciente descubrimiento de Copoazú-1. Con la aprobación del proyecto de regasificación y el retorno de Ballena al mapa estratégico, La Guajira recupera su lugar protagónico en el suministro de moléculas al país.
Entendamoslo con precisión: la estabilidad energética de Colombia, tanto la renovable como la de transición, depende de este departamento. No es una frase de cajón; es una realidad técnica dictada por los megavatios y el gas que solo nosotros poseemos.
Bajo esta premisa, resulta inaceptable que el territorio que sostiene el encendido de millones de hogares colombianos siga siendo el actor con menos relevancia política a la hora de legislar en la capital.
Aquí el fallo de diseño normativo nos golpea con fuerza. El artículo 360 superior vincula las regalías a lo no renovable: el carbón aporta renta, pero el viento no. Corremos el riesgo de llenar nuestro paisaje de aerogeneradores sin recibir una contraprestación justa que compense la pérdida de la minería. Nos proponen cambiar una economía que dejaba recursos por una que no deja nada, y pretenden llamarlo transición justa, pero aún no lo es, hoy más que nunca resulta estratégico que quien tiene la oportunidad de dirigir el congreso de la república sea uno de los nuestros. Ese vacío no se llena con la voluntad de un ministro de turno; requiere de una ley que hoy brilla por su ausencia y de quien empuje en el congreso para lograr su aprobación.
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A esto se suma la realidad del territorio Wayuu, inalienable y sagrado, donde cada intervención exige un diálogo genuino. Sirius requiere más de cien consultas previas, pero mientras la norma las trate como un simple requisito burocrático y no como un derecho fundamental, los conflictos sociales seguirán estancando el progreso. Indepaz ya advirtió sobre el deterioro del tejido social por malas prácticas corporativas, un grito que Bogotá prefiere ignorar.
Nosotros no somos el obstáculo de la transición. Somos su condición de posibilidad. Y quien tiene la condición de posibilidad de algo debería poder negociar sus términos.
Ninguno de estos macro desafíos se resuelve con una promesa de campaña ni con una partida presupuestal. Todos requieren arquitectura: leyes, competencias redistribuidas, plazos vinculantes, régimen especial. Trabajo legislativo largo, aburrido, técnico, sin foto. Del que casi nadie hace. Pero sobre todo requiere liderazgo político, porque las decisiones son voluntades, y estas solo se pueden convocar cuando hay como que gestionarlas.
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Ya lo hizo una vez, nuestro senador no improvisa, tiene veteranía y hay pruebas para demostrarlo
Y esta es la parte de la discusión que la opinión pública esta semana se saltó por completo. Alfredo Deluque es coautor y ponente del Acto Legislativo 01 de 2025, el cual modificó el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, que elevó a rango constitucional el derecho humano a la alimentación adecuada. "Por una Colombia sin Hambre". Existe un fragmento en el mencionado artículo 65 nuevo que ha pasado inadvertido para la mirada local. La norma establece que el Estado debe asegurar dicho derecho bajo un enfoque intercultural y territorial, de forma progresiva. Estas dos palabras, incorporadas en la propia Constitución, blindan jurídicamente lo que he defendido en este escrito; una conquista de rango superior liderada y defendida por un senador de nuestra tierra.
Piénsenlo desde aquí. El departamento donde la Corte Constitucional declaró en 2017 un estado de cosas inconstitucional por la muerte de niños y niñas wayuu por hambre y sed. El departamento que aparece en los informes internacionales como caso de desnutrición infantil. Ese departamento produjo al congresista que metió el derecho a la alimentación en la Constitución.
No es un discurso. Es una norma vigente, y ahora sigue la reglamentación, y que se le asignen recursos, pero que además que se incluya como estrategia y política social en el Plan de Desarrollo de la Patria Milagro de Abelardo De La Espriella, que es donde esas conquistas se ganan o se pierden de verdad.
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En La Guajira el mérito ajeno es lo más fácil de negar
La consultora ORZA ubicó a Alfredo Deluque primero en el país en éxito legislativo, medido no solo por proyectos radicados sino por proyectos convertidos en ley: once leyes de su autoría sancionadas. En un Congreso donde se radica muchísimo y se aprueba poquísimo, esa cifra es rara, porque él es uno, un solo voto, entonces lo que prueba es su gran capacidad para hacer acuerdos, tender puentes, cumplir compromisos y eso es lo que el Congreso de La República requiere en este momento. Entre esas leyes están la que declaró el internet como servicio público esencial y la de redes TIC, que facilita el despliegue de infraestructura de conectividad en zonas donde el mercado nunca iba a llegar solo. Alguien que vive en un municipio dispersado sabe lo que significa eso.
Alfredo Deluque también presidió la Cámara de Representantes entre 2015 y 2016 y presidió la Comisión Primera Constitucional, que es donde se tramitan las reformas constitucionales y las leyes que reordenan competencias territoriales. Fue reelegido como Senador por el Partido de La U en marzo con 113.091 votos.
Pero todo eso pesa menos, en la conversación pública, porque se le da más poder al rumor repetido. Porque el rumor es gratis y la trayectoria hay que leerla y verificarla. Se le da más credibilidad a las acusaciones sin pruebas, a los señalamientos verbales pero sin procesos penales o disciplinarios con fallos. Para muchos es más fácil creer mentiras que aceptar verdades porque eso implica tener que reconocer en el otro lo bueno que tiene.
Nosotras conocemos ese trato y lo conocemos hace mucho. Un guajiro que hace política es sospechoso por definición. Un guajiro que consigue acuerdos con bancadas opuestas está tramando algo. El mismo comportamiento, en un congresista del interior, se llama habilidad parlamentaria y da para perfil elogioso en revista dominical.
Lo grave no es que nos lo hagan. Lo grave es que lo hagamos entre nosotros…
Y acá voy a ser incómoda, porque es necesario hacerlo para la reflexión: la confrontación local permanente, la pelea de pueblo chico, el chisme convertido en análisis político, todo eso no nos ha servido nunca para nada. A nosotros no. A los poderes que se cocinan en Bogotá sí, y muchísimo. Un departamento dividido contra sí mismo no negocia, no exige, no cobra. Solo pide. Y a quien pide siempre se le puede decir que espere. O se le contenta con migajas. Nos han enseñado a competir por las menudencias y a llamarle a eso debate público.
Y Mañana 20 de julio entonces que…
Alfredo Deluque llega a esta votación con mayorías construidas: el Partido de la U, el Conservador, el Liberal, Cambio Radical, Salvación Nacional, ASI, y la coalición de Alianza Verde, En Marcha y la Autoridad Indígena de Colombia. Bancadas que no coinciden en casi nada, sentadas en el mismo acuerdo.
Que AICO haya decidido apoyarlo no es un detalle menor y ningún analista nacional lo revisó. Las organizaciones indígenas no reparten respaldos. Cuando lo dan, lo dan después de deliberar y con costos internos que quien mira desde afuera no alcanza a dimensionar. Ese voto vale más de lo que suma. Para entenderlo hay que haber hecho parte de la lucha y del movimiento indígena.
Nuestro Senador no llega a rogarle a nadie. Llega a construir acuerdos. Qué es exactamente lo que este departamento necesita que alguien sepa hacer en su nombre. Se dirá que esto es lo de siempre. Que un departamento entero cifre su suerte en un cargo que dura doce meses y que se reparte por acuerdo entre bancadas es la misma lógica que nos tiene capturados hace cuarenta años. Que otros costeños presidieron el Congreso y sus regiones amanecieron igual. El argumento es bueno y hay que decirlo completo, no de mentiras: la presidencia del Senado no ha producido nunca, por sí sola, una transformación estructural para el territorio de quien la ocupa.
Pero yo no estoy pidiendo una obra. Estoy pidiendo un turno…
La diferencia está en qué se cobra. Quien pide obras queda a merced de que alguien las quiera hacer. Quien pide agenda cobra algo verificable: que el articulado del régimen fronterizo entre a debate de una vez por todas, que la reglamentación del artículo 65 se radique, que el Plan Nacional de Desarrollo llegue con una línea de La Guajira que no la escriba Planeación Nacional y que responda a la Sentencia T302 del 2017. Eso se puede reclamar en diciembre. Eso se puede auditar. Y si no ocurre, esta columna me la van a cobrar a mí, que es exactamente como debe ser.
Alfredo es ciclista, y eso se le nota en su manera de trabajar: pedalear largo, sin público, sabiendo que la subida no la gana el que arranca más rápido, se trata de mantener la cadencia, la persistencia y resistir. Dieciséis años en el Congreso subiendo la misma cuesta y encontrando siempre puertas abiertas y ninguna voluntad de hacer lo reflejan. Mañana esa puerta la abre él.
Lo que sigue no depende solo de Alfredo Deluque, y esto es lo que quiero que quede para todos los que lean este artículo. Depende de que lleguemos con las agendas claras y organizadas en vez de llegar con quejas. La represa tiene fallo del Consejo de Estado. El cierre minero tiene fecha. El régimen aduanero tiene articulado pendiente. El puerto tiene habilitación. La vía tiene diseños. Los pueblos indígenas tienen derechos reconocidos por la corte constitucional en muchas sentencias pero sin que existan leyes suficientes para implementarlos.
Todo eso lleva años esperando que alguien lo ponga en el orden del día.
Hoy nos toca a los guajiros hacer lo que sí está en nuestras manos: acompañar. Escribir. Publicar. Poner el nombre de este departamento donde se pueda. Que en Bogotá se entienda que detrás de ese voto no hay un senador solo, hay un territorio entero mirando. Yo voy a estar pendiente mañana. Con oraciones, que en mi casa nunca sobran, y con la cuenta de mis redes sociales abiertas para escribir.
REFERENCIAS
Congreso de la República de Colombia. (1992). Ley 5ª de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso. Diario Oficial No. 40.483.
Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Diario Oficial No. 41.450.
Constitución Política de Colombia [Const]. (1991). Artículos 7, 13, 176, 286, 287 y 330. 2da ed. Legis.
Consejo de Estado. (2023, mayo). Fallo que confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira en acción popular sobre el Proyecto Multipropósito Río Ranchería.
Corte Constitucional de Colombia. (2017). Sentencia T-302 de 2017 (Aquiles Arrieta Gómez, M.P.).
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2019). Decreto 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas. Título 11, artículos 545 y siguientes.
Congreso Visible. (s.f.). Perfil de Alfredo Rafael Deluque Zuleta. Universidad de los Andes.
Diario del Norte. (2023, 31 de enero). Habilitado Puerto Nuevo en el sistema Muisca para las exportaciones e importaciones. Diario del Norte.
El Tiempo. (2026, 16 de julio). Quién es Alfredo Deluque, el senador de La U que suena para presidir el Senado. El Tiempo.
Infobae. (2026, 8 de enero). La Procuraduría abrió investigación por incumplimiento judicial en La Guajira. Infobae.
Infobae. (2026, 17 de julio). Partido Verde, En Marcha y Aico anunciaron su respaldo a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado. Infobae.
ORZA. (2026). Balance de éxito legislativo del Congreso de la República.
Portafolio. (2026, 13 de mayo). Cierre de Cerrejón abre alerta por empleo, regalías y futuro económico de La Guajira ante transición energética. Portafolio.
Ministerio de Minas y Energía. (2026). Cifras y estados de avance sobre proyectos de energía eólica en La Guajira.
Presidencia de la República. (2026, 16 de enero). El viento de La Guajira impulsa la transición energética.
Ecopetrol S.A. (2025). Reporte corporativo: Ecopetrol y Petrobras confirman el mayor descubrimiento de gas del país con el pozo Sirius-2.
El País. (2026, 18 de marzo). Petrobras y Ecopetrol confirman nuevo descubrimiento de gas costa afuera en el Caribe colombiano. El País.
El Espectador. (2026, 7 de mayo). UPME aprueba proyecto de regasificación en La Guajira: TGI, Ecopetrol y Hocol lideran la iniciativa. El Espectador.
Constitución Política de Colombia [Const]. (1991). Artículo 360 sobre el régimen de regalías. 2da ed. Legis.
Indepaz. (2023). Informe técnico sobre proyectos eólicos y conflictividad social en el territorio de La Guajira.
Nota de la autora. Esta columna corresponde al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de opinión reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política. Se escribe a título estrictamente personal y en mi condición de ciudadana guajira, no en ejercicio de función pública alguna. Nada de lo dicho aquí compromete, representa ni anticipa la posición institucional de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Departamento de La Guajira ni de la administración departamental, ni constituye concepto, pronunciamiento oficial o acto administrativo.
Declaro además, porque el lector tiene derecho a saberlo antes de leerme y no después: comparto con el senador Alfredo Deluque una cercanía política que no oculto. El lector juzgará el argumento con ese dato a la vista, que es como debe ser.
Voz de La Guajira es un proyecto editorial independiente y personal. No recibe recursos públicos, no se produce en horario ni con medios oficiales, y ninguna entidad ejerce control editorial sobre su contenido. Las fuentes normativas, jurisprudenciales y estadísticas citadas son públicas y verificables, y quedan relacionadas al pie de cada artículo.
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